CCOO explicó que la sentencia afecta a los 2,2 millones de empleados públicos del conjunto del país y también a los funcionarios que se hayan jubilado a partir del año 97; y supondrá un coste de no menos de medio billón de pesetas, ya que, además de tener que aplicar la subida del PC prevista en 1997 (2,6%) a los salarios de los funcionarios, repercute en los incrementos de los años siguientes.

Según los cálculos del sindicato, para un salario medio de millón y medio de pesetas, la reclamación será de 203.000 pesetas, de 271.000 pesetas para un salario de dos millones, de 406.000 pesetas para un salario de tres millones, de 542.000 pesetas para un salario de cuatro millones y de 677.000 pesetas para un salario medio de cinco millones de pesetas. Para hacer frente a estos pagos,según el sindicato, el Ejecutivo deberá recurrir a la ampliación de crédito presupuestario.

Carlos Sánchez, secretario general de la Federación de Administración Pública de CCOO, explicó que afectará a los 2,2 millones de funcionarios en los conceptos retributivos de salario base, antigüedad y pagas extras, y a los empleados públicos del Estado, además de en estos conceptos, en los pluses.

Fidalgo destacó que lo primero que debería hacer el Gobierno es convocar a la Mesa General de la Función Púbica para que explique a los sindicatos cómo va a aplicar la sentencia. Sobre si el sindicato estaría dispuesto a negociar que el dinero se abone en varias veces, indicó que la sentencia dice que debe ser de forma inmediata "y nadie del Gobierno nos ha dicho nada".

En cuanto a los rumores de que Administraciones Públicas intentará llegar a una especie de pacto de caballeros con CCOO, Fidalgo fue claro y dijo que "no podemos rebajar lo que dice la Justicia". Informó que el sindicato ya advirtió a los reponsables económicos del Gobierno de los perjuicios que a sí mismo se podía crear, incluso en términos económicos, si no negociaba con los empleados públicos.

"CCOO está de acuerdo con que se llegue a la estabilidad presupuestaria, pero los salarios de los empleados públicos no han atentado nunca contra ella. Ahora el Gobierno se encuentra con una pelota de más de medio billón de pesetas que él mismo ha generado", dijo. En tono jocoso, Fidalgo afirmó que "Rajoy tiene trabajo no sólo presidiendo el comté de las vacas locas".

El líder de CCOO recalcó que el Ejecutivo tiene medios económicos para lograr la estabilidad presupuestaria, como recaudar más dinero, en lugar de aplicar una reforma fiscal por la que se han dejado de ingresar 800.000 millones de pesetas todos los años.

OTRA HUELGA GENERAL

Fidalgo insistió en que la sentencia es "clara y precisa" y no deja dudas sobre que no cabe recurso alguno. Advirtió de que si el Gobierno recurre la sentencia, "sería añadir a un error garrafal que y cometió el Gobierno un chorro de gasolina para alentar otra movilización general de todos los empleados públicos". "Rajoy tiene trabajo no sólo presidiendo el comité

Carmen Perona, letrada que ha llevado el recurso de CCOO insistió en que la sentencia no admite recurso, ya que el recurso de interés de ley sólo afectaría a sentencias posteriores, y no a ésta. Explicó que las Cortes tienen potestad legislativa, pero el derecho a la negociación colectiva también está protegido por las leyes, "y las Corts Generales, o derogan las leyes, o no pueden modificarlas por la Ley de Presupuestos del Estado".

A su juicio, sería "un absurdo" implicar al Parlamento en este asunto. Perona cree que el Gobierno, al no tener medidas legales para recurrir la decisión de la Audiencia Nacional, "se inventan cosas que no están ajustadas a Derecho". Insistió en que "una cosa es que en el Parlamento resida la soberanía popular, y otra cosa es que haga lo que le de la gana. Si no le gustan las leyes, que las cambie", afiró.

En la misma línea se expresó Fernando Lezcano, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, quien aseguró que "ningún subterfugio ni maniobra impedirá que los empleados públicos cobren lo que es suyo según los tribunales. Pueden hacer el pino, pero lo único que podemos ver es cómo se ejecuta la sentencia".

Sobre este último asunto, Perona dijo que la sentencia cuando dice que se pague a los funcionarios en el menor plazo posible se refiere a dos meses. Indicó que CCOO dará un plaz al Gobierno de 5 días a partir del conocimiento del fallo para que les llamen a negociar, y, si no es así, comenzarán a tramitar las reclamaciones individuales de los funcionarios para que se aplique la sentencia, y a partir de ese momento la Administración tendrá un plazo de tres meses para pagar.

Si no paga, Perona explicó que CCOO pedirá la ejecución de la sentencia en la Audiencia Nacional. Tanto la letrada como los responsables del sindicato aseguraron que CCOO tiene capacidad para atender y traitar las reclamaciones de todos los empleados públicos.