El sindicato argumena en sus alegaciones que las retribuciones de los funcionarios y el respeto de los acuerdos son siempre materia de personal, y no una cuestión de política económica general del Estado, como defiende el Gobierno. Además, CCOO apunta que lo que tiene carácter normativo son los acuerdos incumplidos, pero no la decisión del ministro de Administraciones Públicas de incumplirlos, que es un acto en materia de personal.

CCOO recuerda en sus alegaciones que el recurso que presentó en su día versa sobre los acurdos incumplidos y las retribuciones congeladas, y que la Administración no sólo no se opuso a la tramitación en materia de personal, sino que fue la que pidió que se tramitase en la Audiencia Nacional al tratarse de una cuestión de incumplimientoa de acuerdos fruto de la negociación colectiva.

Para CCOO, cuando el ministro decidió en septiembre de 1996 no negociar y congelar el salario a los funcionarios, y cuando CCOO presentó el recurso por esta decisión, no estaba aprobada la Ley de Presupuestos dl Estado de 1997, por lo que no puede hablarse de que fuera un recurso indirecto contra la Ley de Presupuestos, como plantea el Ejecutivo.

Según CCOO, que ha constituido un grupo de trabajo con 18 expertos en Derecho del Trabajo para llevar todo este asunto, la sentencia de la Audiencia Nacional no decide nada sobre la Ley de Presupuestos, sino que se limita a reconocer la eficacia de los acuerdos firmados y a declarar que la congelación de 1997 fue ilegal por no respetar lo firmado.