Culmina así el proceso selectivo convocado el 29 de marzo de 2022 por el que se reservaban 234 plazas para ser ocupadas por personas con discapacidad intelectual en virtud de la subcuota específica del 2% establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público (EVEP), y que se sustancia separadamente de la subcuota del 5% genérica para personas con discapacidad.

Estas más de dos centenares de personas con discapacidad intelectual ingresan en la Administración Pública estatal como personal laboral fijo en el grupo profesional E0, especialidad tareas complementarias de apoyo, sujeto al IV Convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado.

En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) se congratuló de esta “incorporación masiva” de personas con discapacidad, en este caso intelectual, como efectivos de la Administración del Estado, y recordó que la subcuota específica del 2%, que se sumó a la general existente del 5%, se logró gracias a una propuesta de la plataforma global de la discapacidad asumida por el legislador en 2011.

Desde diciembre de 2023, la cuota de reserva para personas con discapacidad en el ámbito de la Administración General del Estado pasó del 7% al 10%, también merced a una demanda del Cermi plasmada en la última Ley de Función Pública.