En un comunicado, la FSP denunció la actitud del Gobierno, que insiste en "obviar a las organizaciones sindicales y presentar documentos cerrados, en materias que conllevan importantes cambios en la Administración de Justicia y en las condiciones laborales de sus trabajadores, a pesar de que el Ministerio prometió contar con sus representantes".

A su juicio, el acuerdo firmado por Acebes y los consejeros de Justicia de las siete comunidades con competencias en esa materia establece una nueva figura: el comisario político, que asumirá las competencias que mantenían, hasta ahora, los secretarios judiciales en materia de personal, lo que puede introducir arbitrariedades, según UGT.

Asimismo, consideró que el Ministerio designará libremente a los responsables de determinados puestos de trabajo, lo que sorprende a la FSP-UGT, ya que el Partido Popular (PP) criticó duramente esta posibilidad cuando estaba en la oposición.

Además, el sindicato considera "imperdnable" que el Ministerio no incluya criterios de homogeneidad para el conjunto de órganos de todo el Estado. De lo contrario, pueden producirse "desigualdades entre los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas".