Costa dio estainformación a la comisión de investigación del Congreso que estudia la posible prescripción de expedientes tributarios en la etapa socialista, ante la cual compareció por espacio de cinco horas.

Según el responsable de Hacienda, en el primer informe de la Inspección de finales de 1996 se constata una deuda de 201.300 millones de pesetas. En el mes de enero, el propio Costa encarga un nuevo informe del que se deduce que sólo en el Tribunal Económico y Administrativo de Madrid hay una deuda prescrita de150.000 millones de pesetas a la que sumaron otros 22.000 millones de deuda prescrita según otros tribunales regionales.

Cotejando ambos informes, el secretario de Estado deduce que 23.350 millones de deuda prescrita y no cobrada no estaban recogidos en el primer informe por lo que la deuda total se eleva a 223.653 millones.

Advirtió, además, que a la vista de que la investigación interna de Hacienda sigue en marcha podrán aparecer nuevos expedientes en estas circunstancia que irán sumando dígito a la deuda prescrita.

Esta variación y los sucesivos cambios en el número de expedientes afectados, que pasaron de 4.779 en enero a 5.224 en marzo y a 4.579 en abril, fue destacada por el portavoz socialista, Joaquín Leguina, a quién el responsable de Hacienda dijo que la diferencia se debe a que "tras una análisis más exhaustivo" de la lista se ha constatado que "algunos expedientes no estaban liquidados ni notificados".

AMIGUISMO

El PSOE requirió a Costa para que fijara su posición respectolas acusaciones de amiguismo por parte de los gobiernos socialistas. En este punto, el responsable del PP ratificó las declaraciones hechas por el presidente del Gobierno, José María Aznar, quién tras hacerse público el escándalo responsabilizó al gobierno socialista de favorecer a sus "amigos ricos".

Por su parte, Leguina insistió en que el responsable de Hacienda no ha aportado ninguna prueba que avale esta afirmación del presidente y se preguntó en qué datos se basó Aznar para hacer esas afirmacioes.

Costa respondió que en ningún caso ha facilitado información reservada a nadie ajeno a la Agencia Tributaria con fines políticos y acusó a la administración socialista de ponerse "una venda en los ojos" para no enfrentar el problema que se le venía encima.

Explicó que los favores entendidos como delito de prevaricación están siendo investigados por los jueces, pero afirmó que los hechos indican que "hay 40 ciudadanos con una deuda prescrita de más de 1.000 millones de pesetas y, por tanto, halamos de un número reducido de contribuyentes, lo cual perjudica a la gran mayoría de los ciudadanos. Esto ocurre como consecuencia de unos retrasos o decisiones adoptadas bajo la responsabilidad de gobiernos socialistas".

NUEVAS PRESCRIPCIONES

El secretario de Estado aseguró, respondiendo a una de las 22 preguntas planteadas por el PSOE, que "no hay ni una sóla acta gestionada desde la llegada del PP al gobierno que haya prescrito", a pesar de lo cual Costa ha dado orden a todos los responsables dela inspección para que se le informe puntualmente de cualquier posible prescripción para que "si eso ocurre se depuren las responsabilidades que procedan".

En esta primera sesión de comparecencias, los distintos grupos solicitaron el envío de nueva documentación para esclarecer el caso y en especial solicitaron la consulta de los expedientes o, en su caso, el detalle de la vida administrativa de cada uno de ellos.

Ante estas peticiones, Costa expresó el "compromiso" y la "voluntad política del Goierno" de enviar a la comisión toda la información que ésta precise para trabajar y esclarecer los hechos que han motivado la presunta prescripción de los más de los 4.664 expedientes.

En este punto, Joan Saura (IU) se dirigió al presidente de la comisión para proponer que la investigación se centre en especial en los 40 expedientes por importe superior a 1.000 millones de pesetas. La propuesta fue bien acogida por el resto de los grupos y motivó el compromiso de Costa de permitir a la comisión de invstigación que vea esos 40 expedientes preservando siempre la identidad de sus titulares.

INSPECTORES

Para Leguina, la estrategia de "confusión" de Costa tieen el objeto de manipular y dirigir los trabajos de la comisión hacia un camino que lleva al esclarecimiento.

"Discutir ahora de expedientes de 1980, 82 u 84 es simplemente emitir un mensaje de confusión que afecta, además de al PSOE, a los inspectores de Hacienda que ven que se les acusa de falta de diligencia lo que es bastante impertinent y malvado" dijo el portavos socialista.

En todo momento, el secretario de Estado de Hacienda destacó al correcto trabajo de los funcionarios de Hacienda y señaló que no existe ninguna actuación irregular en ningún puesto "de director general para abajo".

Por su parte, Saura expresó a la comisión su preocupación por que esta comisión no sirva para esclarecer los hechos, sino que se convierta en la arena de una contienda electoral entre PP y PSOE a la que la coalición no está dipuesta a contribuir

ERRORES

Su petición de más y mejor información fue la más reiterada, así como su crítica a la información enviada por el Gobierno "plagada de errores".

En este sentido, Costa tuvo que reconocer que el número de expedientes que Hacienda no ha podido localizar es elevado y, aunque "no sé cuantos hay" en este caso, "hay muchos a los que les falta información u otros que no han sido hallados, lisa y llanamente".

Por su parte, Josep Sánchez Llibre, de CiU, centró su crítica en el hecho de que,a su juicio, existen "dos tipos de Agencia Tributaria: las que informan sobrse los expedientes afectados, es decir, Madrid y Cataluña; y las que no aportan información", entre las que citó a la de Valencia. Llibre pidió explicación sobre este hecho porque considera "sorprendente" que todos los expedientes radiquen en esas dos comunidades.

Ante la prolija intervención de Costa, la mesa de la comisión decidió, de acuerdo con los portavoces de los grupos el aplazamiento de la comparecencia de Miguel Cruz ex director general del Tributos, y de Javier Paramio, ex presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, para la próxima semana.

Se mantiene para esta tarde la comparecencia de Pilar Valiente, actual directora general de Inspección Financiera y Tributaria.