Incluso el Grupo Socialista, que ha declarado en múltiples ocasiones su interés por conocer el desarrollo de los trámites de cada expediente de manera pormenorizada, duda aora de la conveniencia de incluir en su lista de petición de comparecencia de los inspectores, por los efectos negativos que ello pueda tener sobre la moral de los funcionarios y el prestigio de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, fuentes socialistas reconocieron a esta agencia que sin la comparecencia de los inpectores que dictaron cada uno de los expedientes será imposible aclarar las razones de los retrasos.

En términos generales, los grupos están dispuestos a llamar a los miembros de la inspeción con rango de director general, lo que significará, en la práctica, que sólo se pedirán explicaciones a los cargos políticos de la Agencia Tributaria y a no a los funcionarios.

Los grupos parlamentrarios tienen como límite el día 4 de abril para presentar sus peticiones de comparecencia ante la Cámara, pero antes de cerrarlas definitivamente tendrán que estudiar la documentación enviada al Parlamento por el Gobierno el pasado miércoles.

CONFIDENCIAL

La Comisión de Investigación tiene previso reunirse mañana lunes para hacer una primera revisión de la documentación enviada por el Gobierno y decidir si es posible hacer fotocopias y repartir entre los miembros de la comisión los documentos que figuran clasificados como confidenciales.

Un primer análisis hecho por el letrado de la Cámara, ha revelado que una parte importante de la documentación, entre la que figuran los más de 5.000 expedientes afectados por los retrasos, está clasificada como secreta por lo que queda planteado un problema egal sobre su tratamiento.

El presidente de la Comisión, el nacionalista vasco Jon Zabalía, decidióconvocar una reunión de la comisión en vista de que el secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, ha declinado la responsabilidad de tomar cualquier decisión sobre el tratamiento de los documentos.

En la reunión de la próxima semana, los miembros podrán saber qué documentos estan protegidos por el secreto y, con toda probabilidad, solicitarán el asesoramiento de los servicios jurídicos de la Cáara, tras cuyo dictámen tomarán una decisión.

En tanto no se haya dilucidado la decisión, los parlamentarios miembros de la Comisión de Investigación no podrán acceder al estudio de los citados documentos por lo que es posible que se acuerde retrasar una semana la reunión prevista para el día 9 de abril.