No obstante, Rato señaló que el propio interesado ya ha declarado que sus actuaciones se ajustaron a derecho en todo momento, y aseguró no tener queja sobre su labor al frente de la Agencia Tributaria.

Asimismo, insistió en que "sería injusto echar las culpas a los 130 funcionarios que firmaban las liquidaciones", en referencia a las averiguciones de la comisión sobre la responsabilidad de Bermejo en las prescripciones de algunas actas.

Durante una comparecencia de tres horas y media, el ministro se ratificó en que el anterior Gobierno ocultó información relativa al caso en la ceremonia del traspaso de poderes, por lo que el Ejecutivo popular no fue consciente del problema de plazos de liquidación en la inspección fiscal hasta el pasado mes de noviembre.

Según su versión, su predecesor en el cargo, Pedro Solbes, "no dió ninguna impotancia" a este asunto y sólo le habló de que se podrían presentar problemas si el Tribunal Supremo confirmaba la prescripción en caso de que no se liquidasen los expedientes en el plazo de seis meses.

Le aseguró, según Rato, que ya se habían tomado medidas y que se habían solucionado las posibles prescripciones en todas las instancias de la Administración tributaria, excepto en la Delegación Especial de Madrid.

Según las palabras del ministro, el Gobierno anterior "no nos alarmó sobre la cuestión, por lo que posteriormente averiguaron por sus propios medios el alcance del asunto. Asimismo, el titular de Economía insistió en que el informe de la Dirección de Tributos de 1991 ya advertía sobre el problema, y puso de manifiesto que los tribunales lo tomaron en cuenta a la hora de dictar sus resoluciones.

"Todos lo tomaron en cuenta y, sorprendentemente, el Gobierno no lo hizo hasta mayo de 1996", aseguró. Subrayó que, habiendo sonado las 'alarmas' que advertían sobre la gravedad de la situación,el Ejecutivo socialista pudo haber tomado medidas y no lo hizo.

OPOSICION

Por su parte, el portavoz socialista, Joaquín Leguina, insistió en que 77 expedientes han prescrito bajo el mandato de Rato, por lo que le aconsejó: "No es bueno decir 'nunca jamás', porque ya sabe lo que le ocurrió a James Bond".

Leguina insistió en que el Gobierno ha hecho un "pésimo favor" con la denuncia de la presunta prescripción tanto a Hacienda como al Parlamento, porque él entiende que "los partidos políticos se ienen que pelear, pero no como navajeros".

También acusó a Bermejo de "torear" a la comisión de investigación, por las dilaciones a la hora de remitir la información requerida y la confusión con la que se han presentado los datos.

A su vez, el representante de IU, Joan Saura, afirmó que el Gobierno de no haber podido probar sus acusaciones de amiguismo hacia sus predecesores. Acusó a Rato de haber hecho un intento de "instrumentar partidísticamente el tema" y recalcó que el nivel de credibilidad e la Agencia Tributaria es ahora "mucho menor que hace dos años".

Saura aprovechó su intervención para proseguir, como en otras ocasiones, con sus duras acusaciones contra el director de la Agencia Tributaria, cuyo cese volvió a solicitar. Según sus palabras, "en el mejor de los casos", a Bermejo se le tiene que acusar de ocultación de información.

Asimismo, el portavoz de CiU, Francesc Homs, defendió la postura del Gobierno de hacer público el riesgo de prescripción de actas fiscales. "Políticamnte, fue una decisión correcta", aseguró.