Fuentes de estas dos formaciones políticas recordaron a Servimedia que muchas de las resoluciones aprobadas y algunas que se rechazaron tuvieron sólo una diferencia de tres votos con la postura de estos dos grupos, debido a la abstención de CiU.

Si los nacionalistas caalanes mantienen esta postura, el voto del Grupo Mixto (que se ausentó en el momento de la aprobación de las resoluciones) puede ser decisivo para que se rechacen algunas de las conclusiones adoptadas por la comisión o para que se introduzcan otras nuevas.

A este respecto, el portavoz de IU en la comisión, Joan Saura, recordó que la resolución sobre los expedientes afectados de prescripción, presentada a propuesta de CC y PP, se aprobó con 165 votos a favor y 162 en contra. Por tanto, en el Congreso s podría rechazar esta conclusión, lo que significaría que el Parlamento no considera prescritas las actas por valor de 220.000 millones de pesetas, como sí que mantiene el Gobierno.

Saura desveló que una enmienda presentada por su grupo en la que se acusaba al Ejecutivo de haber instrumentalizado de forma oportunista el caso fue rechazada también por sólo tres votos de margen, por lo que hay posibilidades de que finalmente los diputados la aprueben.

VOTOS PARTICULARES

El portavoz socialista, Joquín Leguina, alabó la postura "de racionalidad" mantenida por CiU al abstenerse en gran parte de las votaciones. Anticipó que su grupo presentará ante el pleno votos particulares en la línea de que el Gobierno socialista no fue negligente en la resolución de actas de la inspección fiscal.

El PSOE también insistirá en que la comisión de investigación ha realizado un relato de los hechos muy sesgado, y apoyará la propuesta de IU de que dimita el director de la Agencia Tributaria, Jesús Bermejo, porque s "un peligro público", según palabras de Leguina.

IU también presentará sus votos particulares, en los que denunciará la pérdida de progresividad fiscal, se demandará la anulación del pleno derecho del artículo 31.4 del reglamento de la inspección fiscal que ha dado lugar a la polémica y se reclamará al Gobierno que tome todas las acciones oportunas para cobrar los 220.000 millones de pesetas, que este grupo no considera prescritos todavía.

Además, la coalición pondrá de manifiesto que la comisin de investigación ha trabajado con falta de información y con opacidad, a causa de la actuación de la Agencia Tributaria, por lo que exigirá la dimisión de Bermejo.

También insistirá en los mecanismos de control parlamentario sobre la lucha contra el fraude fiscal que se van a instaurar, y denunciará la desmoralización del personal de la Agencia Tributaria por la polémica y la imagen negativa que se ha transmitido de Hacienda.

Asimismo, IU defenderá la postura de que no se produjo negligencia co el Gobierno socialista, aunque sí hubo defectos de ineficacia que provocaron los hechos. Por tanto, si hay responsabilidad, es en el nivel de gestión.

Saura subrayó que la presunta prescripción de expedientes se da "en una sociedad con alto grado de fraude fiscal, que fundamentalmente cometen los sectores más poderosos".