"Su deontología profesional impide que se instrumenten las liquidaciones por intereses ajenos a la Hacienda pública", aseveró. La otra línea argumental de los socialistas se basará en que los inspectores-jefe no tenían constancia en la primera mitad de los años 90 de que en 1996 el Tribunal Supremo iba a dictar una sentencia que contradice la intención de los legisladores qu elaboraron el reglamento de la inspección.

Según Leguina, los redactores de esta normativa nunca pensaron que el plazo máximo de seis meses sin actuación en el que los expedientes pasan a considerarse como paralizados se aplicara también a la fase liquidadora de las actas. "Imprevisiblemente ocurrió esto", agregó.

La comisión de investigación comenzará desde mañana, y a lo largo de los tres próximos días, a redactar las conclusiones sobre la presunta prescripción fiscal, que deben ser debatidas n el pleno del Congreso de los Diputatos el próximo día 26.

EXPOSICION DE HECHOS

Los comisionados socialistas y populares mantuvieron hoy una reunión informal para intercambiar sus puntos de vista acerca de la exposición de hechos que ha de constar en el informe. El parlamentario socialista opinó que será "difícil" llegar a un acuerdo sobre este punto.

El PP ha presentado una propuesta en la que, según Leguina, "no hay divergencias absolutas", por lo que incluso "se podría llegar a un acuerdo s hubiera buena voluntad". No obstante, él entiende que se han tergiversado datos, aunque no hay un ataque directo ni a la buena voluntad del gobierno socialista ni a la de los funcionarios de la Agencia Tributaria.

Posiblemente, los dos grupos proseguirán reuniéndose hasta últimas horas de la tarde de hoy para tratar de presentar mañana una redacción común de los hechos.