Estas afirmaciones del PP son fruto del análisis de los 40 expedientes por más de 1.000 millones de pesetas de deuda, que envió ayer el Gobierno al Congreso para su análisis.

Del Burgo aseguró que "hubo amiguismo" en el caso de las primas únicas puesto que "no hay ninguna justificación para que Hacienda desistiera de su postura ante los tribunales de justicia". A su juicio, "es clarísimo que hubo miguismo" puesto que "si Hacienda desiste de un caso es por causas muy concretas". Por esta acción, la Agencia Tributaria renunció por tres veces en 1994 a reclamar ante la justicia la deuda que La Caixa tenía con el fisco por el caso de las primas únicas.

El parlamentario popular insistió además en que no existe ningún informe jurídico que avale la tesis de Hacienda de renunciar a interponer los recursos. Hizo también hincapié en que esta decisión se tomó sólo nueve días después de que la entonces diectora de la Agencia Tributaria, Juana Lázaro, tomara posesión de su cargo. "Juana Lázaro tomó una decisión inmotivada", aseguró.

Preguntado por los periodistas sobre si la ex directora cometió delito, eludió pronunciarse sobre si hubo prevaricación o delito penal y señaló que esto lo tendrán que decidir los tribunales.

Jaime Ignacio del Burgo también se refirió a otro caso en el que, según él, se ha dado amiguismo, aunque sin citar nombres. Habló de un expediente de la inspección fiscal, por unacuantía de 399 millones de pesetas, cuya liquidación no fue comunicada al titular en el plazo de cinco años, por lo que prescribió. No quiso decir si se estaba refiriendo al caso concreto de la constructora Huarte, aunque los datos coinciden.

El parlamentario calificó de "patéticos" los libros del registro de la inspección fiscal que ha tenido ocasión de revisar y agregó que en esta situación "caótica" podía pasar cualquier cosa con los expedientes.

En opinión del comisionado popular, la informacón enviada por el Gobierno a la comisión de investigación y el ritmo de las comparecencias, indican que este organismo "avanza a paso seguro". Señaló que hay documentación suficiente como para confirmar "por desgracia" que sí que prescribieron expedientes fiscales por valor de 200.000 millones de pesetas.