Esta interpretación se deriva de la letra del Real Decreto de 1994 por el que se regulaba la obligación de comunicación de determinados datos fiscales a requerimiento de las comisiones de investigación cuando se refieran a funcionarios públicos.

Los socialistas defienden que la Ley General Tributaria de 1995, que establece un espectro de actuación ás amplio para las comisiones de investigación, deroga el Real Decreto anteriormente citado, que fue elaborado con la única intención de permitir que la comisión de investigación del "caso Roldán" pudiera tener acceso a las declaraciones de la renta del ex director de la Guardia Civil.

Josep López de Lerma, portavoz de la Mesa, aseguró que, en virtud de la interpretación hecha por la mayoría de este órgano de gobierno de la Cámara, la comisión de investigación podrá conocer tan sólo la identidad de lo afectados por los expedientes que sean funcionarios públicos.

Anunció, además, que todos los llamados tendrán la obligación de comparecer, aunque no ocultó que se podrá producir una colisión de deberes en caso de que algunos inspectores o responsables de Hacienda sean llamados a declarar, puesto que están obligados a colaborar con las comisiones de investigación parlamentarias, pero también a guardar estricto secreto sobre los datos que conocen por el desempeño de su trabajo, por lo que podrán acogere a su derecho constitucional de no declarar.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Joaquín Almunia, afirmó que "todos estos intentos de que no se conozca la verdad van a ser vanos" porque el PSOE "va a intentar que no se lleven el gato al agua" y frustrar todos los intentos de "poner una tapa de secreto sobre este asunto para, sobre ese secreto, edificar una patraña".

INFORME JURIDICO

En opinión de Almunia, la Mesa del Congreso no tiene ninguna capacidad para decidir por si misma cua deber ser la interpretación de una norma jurídica por lo que reclamó los pertinentes informes al respecto.

Esta misma postura fue defendida por la portavoz de IU, Rosa Aguilar, quién afirmó que tales dictámenes jurídicos deberían esta listos antes de que el pleno del Congreso de la próxima semana discuta sobre el objeto, duración, desarrollo y funcionamiento de la comisión de investigación.

No obstante, aseguró que la interpretación de las normas debería "ser amplia" y no impedir que el objeto d la comisión pudiera ser "conocer a las personas afectadas por esa medida de gracia que se adoptó en el ámbito de la Hacienda pública y que les exoneró de cumplir con la obligación de pagar".

Aguilar puntualizó también que "el Parlamento tiene acceso por distintos mecanismos a los secretos oficiales", por lo que preguntó cual es la razón por la que "no va a acceder al ámbito del secreto fiscal siempre y cuando esté garantizada la reserva de los datos".

"Lo que no nos gustaría", afirmó, "es que alfinal se desvirtuara el trabajo de la comisión y la noticia fuese exclusivamente el nombre que hay detrás del expediente, pasando a un segundo plano lo realmente importante y es que a un grupo de poderosos se les han perdonado sus obligaciones fiscales".