El trámite siguiente, según informaron a Servimedia fuentes parlamentarias, corresponderá a la Junta de Portavoces, que podría incluir en el orden del día del pleno que se iniciará el próximo 11 de febrero el debate sobre la creación de esa comisión de investigación.

El pleno de la Cámara deberá dar luz verde a la comisión, delimitando sus objetivos, el número de omisionados por cada grupo parlamentario y la duración de los trabajos.

Por el momento, los grupos parlamentarios no han confirmado quiénes serán sus representantes en la comisión, aunque los nombres que se perfilan son los de Vicente Martínez-Pujalte (PP), Juan Manuel Eguiagaray (PSOE), Joan Saura (IU), Francesc Homs (CiU), Jon Zabalía (PNV) y Luis Mardones (CC).

IU y el Grupo Mixto han solicitado que sean tres diputados por cada grupo los integrantes de la comisión, mientras que PP, PNV y CC deienden que sean tres miembros por cada grupo que supere el centenar de diputados y otros dos integrantes por cada uno de los restantes grupos. El PSOE reclama la presencia de dos parlamentarios para cada grupo con más de cien diputados y uno para el resto.

Los grupos políticos deberán decidir también si las sesiones son públicas o se celebrarán a puerta cerrada, teniendo en cuenta que la Ley Tributaria ampara el secreto de los expedientes de Hacienda.

Una solución que podría ser del agrado de tods los grupos, de acuerdo con las fuentes consultadas por esta agencia, sería que algunas sesiones sean secretas y otras públicas, dependiendo de las comparecencias o de las materias objeto de la investigación.

Así ocurrió con la última comisión de investigación puesta en marcha en el Congreso en 1995, la encargada de analizar el proceso privatizador de la empresa pública Intelhorce, que celebró indistintamente sesiones secretas y públicas.