FRAUDE FISCAL. LAZARO AFIRMA QUE SIEMPRE DEFENDIO LOS INTERESES GENERALES Y NUNCA PRACTICO EL 'AMIGUISMO'

MADRID
SERVIMEDIA

Juana Lázaro, directora general de la Agencia Tributaria con el PSOE, negó esta tarde las acusaciones de amiguismo lanzadas por el Partido Popular, que le imputó haber dejado prescribir actas fiscales para beneficiar a determnadas personas.

"No he realizado ninguna actuación que perjudique los intereses generales. No admito que se diga que actué por amiguismo", dijo Lázaro, que intervino ante la Comisión de Investigación creada en el Congreso de los Diputados para analizar este tema.

La ex responsable de la Agencia Tributaria, que estuvo tranquila y segura en sus respuestas a los diputados, negó las acusaciones del ministro de Economía, Rodrigo Rato, de que se hubiera ocultado información a los responsables del PP enel traspaso de poderes o que los gestores socialistas se hubieran llevado documentos y explicó que durante 10 días estuvo a disposición de Costa "cuando y cómo él quiso para explicarles los asuntos pendientes".

Entre ellos, citó una reunión con el responsable de la Oficina de Madrid, la que más problemas de prescripción tuvo, para ponerle en antecedentes de los consecuencias de la entonces reciente sentencia del Tribunal Supremo. Incluso, le entregó un documento donde se reflejaba este asunto, documeno que puso a disposición de la comisión de investigación parlamentaria.

"Nunca me he llevado un documento. Contesto a esto porque tengo que contestar, pero en otro foro diría otra cosa", dijo Lázaro en respuesta a las acusaciones de Rato. También ironizó sobre que el PP diga que faltan documentos o que se han perdido "cuando ni siquiera sabe cuáles son".

Por otro lado, la ex responsable de la Agencia admitió que fue ella la que pidió por escrito el desestimiento de actuaciones contra La Caixa, po el asunto de las primas únicas, porque -aseguró- así lo exige el procedimiento para ello, al considerar "incoherente" mantener dicha reclamación cuando existía una sentencia contraria.

Lázaro dijo que tomó esta decisión con el conocimiento del secretario de Estado y el ministro de Economía (en septiembre de 1994), ya que la sentencia daba por probado que La Caixa había hecho una consulta vinculante a Hacienda y no se había podido probar una actuación por parte de la entidad financiera en una línea dierente.

Además, la propia sentencia advertía que, de insistir Hacienda en sus tesis, con un recurso de casación, La Caixa podría reclamarle a esta las costas del juicio e incluso una indemnización.

Juana Lázaro explicó que una vez conocida la sentencia de la Audiencia Nacional a finales de 1995, que establecía un plazo de seis meses para que Hacienda investigue a los contribuyentes y que si superaba ese plazo empezaría a contar los cinco años de prescripción fiscal, remitió circulares a todas lasoficinas para que no agotaran los seis meses.

Solamente presentaron problemas de retrasos las delegaciones de Madrid y Barcelona, especialmente la primera, en la que se reforzaron las actuciones para evitar nuevas prescripciones. Cuando salió la sentencia del Tribunal Supremo confirmando la primera de la Audiencia Nacional en febrero de 1996 existían en la delegación de Madrid 1.917 expedientes recurridos por posible prescripción, por un importe de 5.000 millones de pesetas.

(SERVIMEDIA)
22 Mayo 1997
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