De esta forma, Eguiagaray reponde al secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, que ayer acusó al anterior Ejecutivo de impedir la recaudación de 200.000 millones de pesetas pr permitir la prescripción de 600 expedientes por fraude fiscal.

El ex ministro dijo en el Congreso que las informaciones facilitadas ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda son "radicalmente falsas, demagógicas y estúpidas" y demuestran sólo la intención del Gobierno de "enmierdar" la política "lanzando basura" como única respuesta cuando "está en dificultades".

Al igual que otros portavoces socialistas que también se han pronunciado hoy sobre este asunto, Eguiagaray achacó la publicación e estos datos al hecho de que el Ejecutivo no ha alcanzado el volumen de recaudación previsto para 1996 a causa, según dicen, de "los regalos fiscales que han hecho desde el verano a sectores y personas muy concretas, lo que ha tendido efectos muy negativos sobre la recaudación".

Calificó de "ridícula" la pretensión del presidente del Gobierno, José María Aznar, de vincular la falta de recaudación de esos 200.000 millones de pesetas a la decisión de su gabinete de congelar el salario de los funcionaris y le acusó de "irresponsable" por no asumir las consecuencias de su política.

Eguiagaray rechazó con especial énfasis las afirmaciones del coordinador del PP, Angel Acebes, que apuntaban el hecho de que los beneficiarios de esta "negligencia" administrativa son "amigos del PSOE".

DATOS SECRETOS

En este sentido, puntualizó que los datos manejados por la Agencia Tributaria están protegidos por la ley y son secretos, aunque expresó su deseo de "se hagan públicos los nombres de los afectados por os 600 expedientes para saber quienes son amigos del PP o del PSOE".

Asimismo, reclamó al Gobierno que explique cuáles son los nombres y datos que manejan tanto el ministro de Economía, Rodrigo Rato, como Juan Costa y Angel Acebes, porque en caso de que hayan tenido acceso a información secreta sería necesario abrir una investigación al respecto. "No vaya a ser", dijo, "que tengamos una brigada político-social en el Ministerio de Economía que esté utilizando la fiscalidad como arma política".

Par que explique todos estos extremos, el Partido Socialista ha solicitado la comparecencia urgente del vicepresidente segundo y ministro de Economía en el Congreso de los Diputados.

CAMBIO DE CRITERIO JURIDICO

Por su parte, Eguiagaray hizo un detallado relato de las actuaciones del Gobierno socialista en lo relativo a expedientes por incumplimiento de las obligaciones tributarias.

Según dijo, hasta 1994 había regido el criterio jurídico de que los cinco años de plazo de prescripción para los fraues fiscales se vería suspendido en el momento de iniciarse una inspección, que podría durar hasta seis meses. En ese tiempo, el inspector eleva una propuesta de liquidación a la Oficina Técnica que podía reiniciar nuevamente la investigación o dar su conformidad sin tiempo límite, pero sin que un asunto pudiera estar más de seis meses paralizado.

Una sentencia de la Audiencia Nacional de noviembre de 1994 cambia este criterio y establece que la actuación de la Oficina Técnica quede incluida en el perído de seis meses que estaba fijado para la inspección.

Un mes más tarde, según la versión de Eguiagaray, la directora general de la Agencia Tributaria envió una comunicación a todas las oficinas especiales territoriales pidiéndoles que agilizaran el trámite de las actas, a raiz de lo cual se examinaron los expedientes pendientes y se pusieron en marcha varios planes especiales como consecuencia de los cuales a 31 de diciembre de 1995 "no queda ningún expediente por liquidar por plazo superior a seis mses".

A la vez, el 28 de febrero de 1996, la Sala Tercera del Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación presentado por la Administración en contra de este nuevo criterio que se resuelve en contra del Ministerio de Economía y Hacienda.

Posteriormente, el 15 de marzo del pasado año la dirección de la Agencia Tributaria reitera a todas sus delegaciones territoriales la necesidad de poner los medios para que ningún acta exceda los seis meses en su tramitación.

Por todo ello, Eguiagaray cosidera que esta declaración del Gobierno del PP es una dejación de posibles derechos ante los tribunales, puesto que reconoce como justas las pretensiones de los contribuyentes que defienden en los juzgados la prescripción de sus casos basándose en el cambio de criterio de la Audiencia Nacional, sobre el que por el momento no existe jurisprudencia.

En este sentido, el portavoz socialista ha pedido al Ministerio de Economía que explique si ha dado órdenes a los abogados del Estado que defienden los intreses de la hacienda pública que "se allanen a las pretensiones de los contribuyentes con los que mantiene contenciosos".

Eguiagaray rechazó, asimismo, que la cifra de 600 expedientes afectadas por este asunto sea muy voluminosa y para demostrarlo informó que entre 1990 y abril de 1996 se tramitaron 885.807 actas con un volumen de deuda de 2,2 billones de pesetas.