Según dijo ante la comisión de investigación, los datos de que dispone no le permiten deducir que hubo algún tipo de instrucción política para que se dejaran prescribir determinados expedientes.

Valiente aseguró que la Agencia Tributaria está realizando un "esfuerzo considerable" para realizar su función, a pesar de que existen "deficiencias estructurales" como la carencia de personal suficinte para desarrollar su actividad.

En su opinión, los retrasos pueden haber obedecido a "multiples y diversas causas", aunque ha confesado no haber detectado ningún factor común a todos ellos que indique que "se referían a los de menor cuantía respecto a los de mayor cuantía o al contrario, o que estuvieran relacionados con un determinado modo de incoarlos, y por ello no puedo sacar otras conclusiones sobre las causas que no sean las estructurales y organizativas".

María Teresa Fernández de la Vea, por el PSOE, reclamó con insistencia que el Gobierno proceda a la anulación del artículo 34.4 del Reglamento de Inspección, al que se acogen los tribunales para dictar la prescripción de los expedientes, aspecto que rechaza el Gobierno del PP por entender que sería refrendar la capacidad de eliminar todas aquellas normas que puedan ir en detrimento de la administración, aun perjudicando a los contribuyentes.

La diputada socialista insistió en pedir el envío por escrito de toda la vida de los expedintes, datos que Valiente se comprometió a enviar por escrito tras ofrecerse en reiteradas ocasiones a dar información, de palabra, sobre alguno de los más de 4.700 expedientes afectados.

CUADERNILLOS CUADRICULADOS

Valiente reconoció los numerosos errores que se deslizaron en el primer listado enviado por la Hacienda Pública al Parlamento y los atribuyó al hecho de que no existía una "sistematización" por "falta de medios" en el registro de los datos relativos a los expedientes que instruían.

Inicó que las investigaciones no quedaban archivadas, que hubo expedientes que no se localizaban o que aparecían súbitamente sobre una mesa o en un lugar distinto al que debían ocupar y concluyó afirmando que "no podemos garantizar que número de expedientes pueden estar afectados o cual es su situación antes de junio de 1996".

Por tanto, "todas las deficiencias del primer listado obedecen a las deficiencias en el control de datos de los expedientes".

"No existía un sistema de control homogéneo, ni ecesario, ni riguroso. Solo existían registros a título personal de los funcionarios que los hacían en un cuadernillo cuadriculado según su buen saber y entender. Los datos que en ellos se consignaban eran los que le interesaban al funcionario para desarrollar su trabajo y en ningún caso figuran las fechas de notificación al inspector jefe ni la fecha de alegaciones", datos todos ellos que han sido solicitados por los grupos parlamentarios.

SIN ARCHIVOS

La ausencia de archivos centrales sistematizads se debe, según Valiente, a que no hubo ninguna instrucción previa que obligase a la unifiación de los datos que debían consignarse.

El segundo listado de sólo 4.579 expedientes es producto de la contrastación "expediente por expediente" realizada en la Agencia Tributaria tras haberse detectado los numerosos errores que aparecían en el primer listado.

Según la responsable de la Inspección Financiera y Tributaria, entre el primer y segundo listado sólo hay una diferencia del 4% en el número de exedientes y del 0,74% en cuanto al volumen de deuda se refiere.

Estas diferencias se revelaron tras "integrar los datos de los cuadernillos con los datos informáticos que constaban en la Agencia Tributaria", un trabajo que calificó de "superlaborioso e ingente" dada la falta de medios.

Tras la descripción hecha por Pilar Valiente, la diputada del PNV, Margarita Uría, ironizó acerca de la imagen de los responsables de la Agencia Tributaria llevando el control sobre los expedientes fiscales en "cuadrnillos cuadriculados atados con una goma como si de las cuentas de un carnicero se tratase".

Valiente insistió en que ese fue el estado en que la nueva administración popular encontró la Agencia Tributaria y explicó que ya se han dado instrucciones para que se elabore un sistema informático centralizado que permitirá un "control total y absoluto de todos los expedientes en el que se instalarán sistemas de alarma para que no se repitan" los retrasos.

Aseguró, asimismo, que antes de la gestión poplar no se habían adoptado medidas tendentes a unificar y archivar tales informaciones e indicó que no podía responder a la pregunta de por qué razón estas medidas no se adoptaron antes.

A preguntas de Fernández de la Vega sobre la existencia de controles en la Agencia Tributaria antes de la llegada del PP al Gobierno, Pilar Valiente dijo que sus afirmaciones "no significan que no existiera antes ningún control, había controles y mecanismos de seguridad pero no eran suficientes".