En declaraciones a Servimedia, el secretario general de la Federación de Administración Pública de CCOO, Carlos Sánchez, emplazó l Gobierno a que, "en caso de tener pruebas y constancia de la existencia de una utilización partidaria de actos de corrupción o prevaricación" por parte de determinados responsables políticos o empledos públicos, "proceda a denunciarlos sin demora ante los tribunales de justicia".

Sánchez exigió asimismo al Gobierno y a los responsables de Economía y Hacienda que, si no son fundadas sus "gravísimas" acusaciones hacia el anterior Gobierno del PSOE, rectifiquen públicamente "reponiendo en su sitio el pestigio y el buen nombre de la Administración Tributaria y la dignidad de sus empleados públicos".

El responsable de CCOO reclamó al Gobierno que informe a la opinión pública de todas las acciones jurídicas que emprenda, y exigió que si el impago de estas obligaciones fiscales ha sido utilizado para justificar la congelación salarial de los funcionarios, cualquier ingreso que pueda derivarse de este asunto se dirija a subir los salarios a los funcionarios.

Sánchez instó también a los grupos parlaentarios a que apoyen cualquier iniciativa que vaya encaminada a clarificar "esta lamentable y gravísima situación". A su juicio, la creación de una comisión de investigación en el Congreso es en este caso, "más que una necesidad, un imperativo del sentido común y de la responsabilidad".

UGT SE PERSONARA COMO PARTE

Por su parte, Juan Macein, Secretario de Administración Central de UGT-Servicios Públicos, declaró a Servimedia que, "desde UGT, no sólamente vamos a apoyar que se depuren todas las resposabilidades, que se abra una comisión de investigación y que, si procede, se judicialice el tema, sino que somos partidarios de personarnos en un futuro proceso judicial como parte interesada".

Macein explicó que, tras las declaraciones realizadas por el presidente Aznar, relacionando la supuesta amnistía fiscal con la congelación del sueldo de los funcionarios, "nos parecería justo que si se recuperan los 200.000 millones vayan automáticamente, mediante la petición de un crédito extraordinario, a subr el sueldo a los funcionarios".

EL PESO DE LA JUSTICIA

Ceferino Trillo, responsable de CSI-CSIF en la Agencia Tributaria, indicó a Servimedia que su sindicato esperará a que la comisión de investigación que se constituya en el Congreso y el fiscal general del Estado tomen decisiones sobre este asunto. Agregó que si se demuestra que se ha cometido esa amnistía fiscal, CSIF estudaría llevar a los responsables ante la justicia, "porque estamos defendiendo los intereses de todos los trabajadores".

Trillo indicó que "nosotros nunca hemos asegurado que hubiera delito, pero sí supuestas irregularidades, y mientras no nos demuestren lo contrario, seguiremos manteniéndolo". Aseguró que CSIF apoyará que si algún funcionario está implicado, "que le caiga todo el peso de la justicia". "Nosotros no estamos defendiendo al actual Gobierno, porque si este Gobierno hace lo mismo que el anterior, estaremos en frente de él".

El responsable de CSIF dijo que también es partidario de que si se recupera algo de ee dinero vaya destinado a subir el sueldo de los funcionarios, pero se mostró "completamente seguro" de que "la mayoría de esos 200.000 millones son irrecuperables. Están perdidos".

Todos los responsables sindicales coincidieron en que todo el debate y las acusaciones realizadas en torno a esta supuesta amnistía fiscal están perjudicando la imagen de la Agencia Tributaria y de los empleados públicos, por lo que insistieron en que es necesario reponer la buena imagen de este colectivo.