José Luis Pérez Quintero, portavoz de este sindicato en la Agencia Tributaria, aseguró que hubo contribuyentes "habilidosos y privilegiados por el beneplácito" de los anteriores gestores de este organismo. Puso como ejemplo que en 1988 fue relevado el funcionario que estaba llevando el expediente de la inspección fiscal de un caso de un crédito de 500 millones de pesetas que no se había declarado a Hacienda. Según su versión, no se volvióa saber nada más del tema.

A su juicio, los problemas que han desembocado en la prescripción de 600 casos por 200.000 millones de pesetas no son nuevos. Pérez Quintero señaló que desde hace muchos años se han detectado dificultades en la gestión de "expedientes de gran nivel y cuantía".

Otro representante del sindicato, Ceferino Trillo, no dudó en achacar la responsabilidad de esta actuaciones al "jefe de la Oficina Nacional de Inspección (ONI) para arriba". En concreto, agregó que los ex secretaios de Estado de Hacienda Enrique Martínez Robles y Antonio Zabalza "tienen que asumir su responsabilidad".

Trillo constató que los 600 casos en los que se ha producido paralización fueron canalizados por la ONI y dejó claro que a su frente se sitúa un cargo político. "La investigación hay que centrarla en la ONI y no lanzar cortinas de humo hacia el resto de los funcionarios", dijo.

Indicó que varias auditorías internas ya avisaban sobre la posibilidad de que se estuviera produciendo una amnistí fiscal encubierta, "y los anteriores gestores no lo ignoraban".

3.950 CASOS MAS

Asimismo, José Luis Pérez Quintero desveló que CSI-CSIF tiene constancia de que se ha producido paralización de actas por períodos superiores a seis meses en 3.950 casos más, si bien de cuantía mucho más modesta que los expedientes origen de la polémica, puesto que suman en total 55.000 millones de pesetas.

La central ha solicitado una reunión urgente para poner en conocimiento de estos hechos al secretario de Estao de Hacienda, Juan Costa.

Pérez Quintero aseguró que ellos presentaron su primera denuncia sobre presuntas irregularidades en la inspección fiscal en noviembre de 1993, referida a un caso concreto. CSI-CSIF no recibió ninguna respuesta concreta, "sólo ambigüedades", según sus palabras.

Además, puso de manifiesto que desde 1991 se realizaron 17 órdenes internas de la inspección fiscal en las que se dejaba clara la existencia de anomalías en expedientes de gran cuantía. En estas normas también se dvertía sobre la posibilidad de que acabaran siendo considerados como prescritos aquellos casos en que se produjeran paralizaciones superiores a seis meses hasta la formulación de la liquidación definitiva del caso.

En opinión de este portavoz, otro problema en el que no se ha insistido lo suficiente es que la Agencia Tributaria adolece de equipos de investigación específicos para hacer frente a los grandes casos de presunto fraude fiscal, así como de medios técnicos y humanos.