Según Costa, que acuió a una reunión en el Grupo de Política Fiscal de la Unión Europea, la principal misión de esta comisión, que se ha cumplido, fue "verificar que se han producido unos retrasos que eran imputables a los anteriores responsables políticos".

Costa afirmó que esta comisión ha probado que "se produjeron retrasos en el funcionamiento de la administración, que esos retrasos van a suponer un perjuicio económico de unos ingresos superiores a 200.000 millones de pesetas, que esas deudas tributarias correspondena un reducido número de contribuyentes y que existía un claro riesgo de que esa situación se produjera y de que perdieran esos derechos económicos".

NEGLIGENCIA

El secretario de Estado dijo además que, "conociendo ese riesgo, los responsables políticos de los gobiernos anteriores no adoptaron medidas suficientes para poder evitarlo y esa es una situación que merece un calificativo por parte de la comisión, el de negligencia".

A su juicio, lo importante es que esos hechos son ahora conocidos porlos españoles y que también se conocen las consecuencias, "y lo más importante es que la Agencia Tributaria ha reaccionado ante una situación de esas características como tiene que reaccionar, que es adoptando medidas para garantizar que una situación de ese tipo no pueda volver a producirse".

El responsable de Hacienda no quiso hacer valoraciones personales sobre esta cuestión. "Yo siempre he dicho que mi obligación es informar de los hechos; las valoraciones políticas se hacen en el Parlamento y lasjudiciales se hacen en los órganos jurisdiccionales", dijo.

Costa aseguró, además, que el Gobierno no acusará a los funcionarios que desarrollaban su trabajo en el ámbito tributario a lo largo de esos años. "No se pedirán responsabilidades a unos funcionarios por unos hechos que son imputables a los responsables políticos de gobiernos anteriores", aseguró.