Reiteró que el Ministerio de Eonomía y Hacienda ha detectado retrasos "absolutamente injustificados e infundados" en la actuación de la administración tributaria bajo mandato socialista aún cuando el criterio jurídico estaba establecido por 11 sentencias de tribunales superiores de justicia, 3 sentencias de la Audiencia Nacional y otra del Tribunal Supremo desde 1992.

A pesar del convencimiento de la Administración de que esas deudas han prescrito, el responsable de la Agencia Tributaria, aseguró que "adoptará cualquier medida" qu esté en su mano para garantizar los derechos de la hacienda pública frente a los defraudadores.

Costa dijo lamentar esta situación y comprender al Partido Socialista "al que no le gusta que la opinión pública conozca estos hechos, pero la responsabilidad aconsejaba al Gobierno informar a la opinión pública y al Parlamento, para lo cual se ha solicitado mi comparecencia".

Los socialistas han venido afirmando que por el momento no hay jurisprudencia firme sobre el plazo de prescripción, argumento ue reconoció Costa, aunque puntualizó que se trata "sólo de una cuestión formal, porque los tribunales pueden cambiar de criterio habiendo o no jurisprudencia".

El responsable de Hacienda acusó a sus antecesores de no haber adoptado las medidas suficientes para que los expedientes se resolvieran en el plazo de seis meses, lo que ha obligado a informar a los ciudadanos de un asunto de "extrema gravedad".

Costa garantizó que la administración popular respetará el secreto de los datos que obran en l Agencia Tributaria y, por tanto, descartó hacer pública la lista de los 600 afectados por los expedientes.