La principal conclusión, aprobada con los votos a favor del PP y de sus socios nacionalistas (PSOE e IU votaron en contra y el Grupo Mixto se encontraba ausente), argumenta que, a pesar de os riesgos que se pusieron de manifiesto, no se adoptaron medidas operativas para evitar perjucios patrimoniales a la Hacienda pública.

El presidente de la comisión, Jon Zabalía, explicó en rueda de prensa que los trabajos llevados a cabo no han determinado si se produjo o no amiguismo en la inspección fiscal bajo el Gobierno socialista, porque esto no era objeto de este organismo.

Según su relato, ha quedado constancia de que hay expedientes afectados de prescripción por valor de más de 200.000 illones de pesetas, de que se presentaron alegaciones de particulares que aducían prescripción en el plazo y de que existían informes que advertían de este peligro. También se señala que las auditorías de la Agencia Tributaria detectaron acumulación de actas y que se puso en marcha un plan de actuación (a finales de 1994) para evitar el colapso de la inspección.

Asimismo, se han aprobado medidas de futuro para corregir la problemática creada, que incluyen la petición de un plan de modernización de la gencia Tributaria, medidas para luchar contra el fraude fiscal, la reforma de la normativa de la inspección y un estudio operativo del actual modelo de la Administración fiscal.

Zabalía hizo hincapié en el intenso y complejo trabajo realizado por la comisión en los últimos meses, y mostró su satisfacción por el grado de consenso recabado en torno a las conclusiones.