Alvarez, en una larga comparecencia de cuatro horas y media, insistió en que los expedientes no han prescrito mientras que la doctrina jurisprudencial no ratifique la sentencia de febrero de 1996 del Tribunal Supremo al respecto, por lo que dijo que el Gbierno está haciendo "un flaco favor" a Hacienda con este asunto.

Insistió en que durante su mandato la inspección ya estaban informatizadas todas las actas, por lo que era posible comprobar su evolución. Incluso reveló a los comisionados las claves informáticas para acceder a los expedientes. "La administración tributaria es moderna, controlada, innovadora y está informatizada, aunque parece que en este último año no se ha hecho nada", añadió.

Preguntada entonces por el portavoz de IU, Joan Saur, sobre quién miente con este asunto (un informe remitido por Hacienda asegura que la inspección no estaba informatizada), ella respondió: "Mienten aquéllos que han hecho afirmaciones que no pueden probar".

Al recordársele a la antigua directora general que la Agencia Tributaria ha dicho que algunas de las actas presuntamente prescritas han desaparecido, señaló: "A lo mejor les conviene decir que no estaban los expedientes, pero si es así, ¿cómo llegaron a las conclusiones que han denunciado?".

Mgdalena Alvarez subrayó que ella jamás recibió instrucciones de tipo político sobre la tramitación de los expedientes y tampoco dió ninguna directriz. Aseguró que los inspectores son totalmente autónomos a la hora de desarrollar su trabajo.

La actual consejera andaluza sostuvo un intenso debate con el portavoz popular, Jaime Ignacio del Burgo, quien insistió en conocer si había informes jurídicos que invitasen a pensar en acelerar la tramitación de los expedientes en menos de seis meses.

Ella afimó que en la aquélla época su preocupación no era que las liquidaciones se levantaran "en cinco o seis meses, sino en que salieran bien". Recalcó que entonces era "impensable" la doctrina que posteriormente han seguido los tribunales.

INFORME

Por otra parte, en la comisión de investigación se produjo esta tarde cierto revuelo con motivo de un supuesto informe de la Subdirección de Ordenamiento Legal, emitido el 14 de abril de 1993, que, según entiende el PP, reconoce la existencia de graves riesgos e prescripción. Este documento es uno de los que se basó la argumentación del secretario de Estado de Hacienda, Juan Costa, al afirmar que se produjo negligencia.

Este informe fue aludido en la comparecencia de esta mañana de Manuel Bravo, también ex director de la inspección, quien dijo que el entonces subdirector no tenía constancia de su existencia y señaló que su contenido le parecía contradictorio, por lo que no lo suscribía.

El misterioso documento fue remitido al diputado popular Vicente Mrtínez Pujalte a mitad de la tarde, pero sin firma. La mayoría de los grupos parlamentarios se extrañó de la celeridad con la que el Gobierno lo ha enviado a la Cámara, e hicieron hincapié en el hecho de que no aparece firmado por nadie ni se menciona por quién fue encargado y a qué departamento.