En su opinión, el PP y los nacionalistas no permitirán que la comisión tome declaració a un alto número de funcionarios de la Agencia Tributaria para esclarecer su responsabilidad. Añadió que el deseo del PSOE es preguntar al mayor número posible de trabajadores de la inspección fiscal si recibieron instrucciones políticas para retrasar el esclarecimiento de casos vinculados a personas afines a este partido.

Eguiagaray, quien dijo haberse puesto en contacto con representantes de CiU, PNV e IU para hablar de esta cuestión, explicó en un almuerzo celebrado con periodistas que posiblement se decida en el pleno del Congreso de los Diputados de mañana que la comisión investigue tanto si ha habido negligencia por parte del anterior Gobierno en la prescripción de las actas como si el actual Ejecutivo tiene fundamento para acusar a los socialistas de haber promovido una amnistía fiscal para favorecer a sus amigos.

El parlamentario socialista hizo hincapié en que ellos pretenden que la comisión se encargue fundamentalmente de este último punto, puesto que ha habido acusaciones delictivas cotra ellos por parte del actual Gobierno.

Según él, carecería de interés que el único cometido de este órgano sea investigar si hubo negligencia en el funcionamiento de la Administración Tributaria. Si fuera así, el debate se reduciría a cómo instrumentar un mejor funcionamiento de Hacienda, por lo que no saldría del ámbito meramente administrativo.

En relación con la composición de la comisión, el diputado socialista dijo que lo más conveniente es que cuente con nueve miembros (dos del PP, dos de PSOE y uno de IU, CiU, PNV, CC y Grupo Mixto, respectivamente), aunque recordó que hay peticiones de que haya tres miembros por los dos grupos mayoritarios y dos para cada uno de los restantes.

De esta forma, el número total se acercaría a 20, lo que constituye un número "excesivo", bajo su punto de vista. Recordó que una cantidad de miembros tan elevada dificultaría el acceso a los nombres de los 600 presuntamente beneficiados por la prescripción fiscal, ya que sería mucho más fácil que se produjera filtraciones a la prensa.

Respecto al plazo del que dispondrá la Comisión, el PSOE pretende que sea de un mes, aunque el PP quiere que se eleve a dos meses.