El nuevo fiscal general del Estado, Juan Ortiz Urculo, se ha mostrado en desacuerdo con la potestad del Gobierno para destituir en cualquier momento al titular de esta cargo y ha abogado por la existencia de unas garantías legales que favorezcan su independencia e imparcialidad ante la opinión pública.

En declaraciones a Servimedia, Tardón lamentó que el hecho de que sea el Gobierno quien designa al fiscal general permita al Ejecutivo destituirlo "cuando no lecaiga bien", algo que a su juicio tiene solución.

En este sentido, señaló que el fiscal general debe ser elegido por el Parlamento, ser responsable ante éste, tener un mandato por un número determinado de años y ser removido solamente por las causas que se establecen en la ley.

"Eso daría al fiscal general del Estado una independencia que en estos momentos no tiene, por mucho que las personas que vayan ocupando el cargo sean de lo más independiente y profesional", dijo.