Del Río recordó, no obstante, que la sentencia de la Audiencia Nacional no fue unánime y tuvo votos particulares que estaban en desacuerdo con la ratificación de la condena.

Con su decisión, los magistrados confirmaron la sentencia del Juzgado Central de lo Penal que condenó a los independentistas catalanes Jaume Roura y Enric Stern a 2.700 euros de multa por quemar fotos de la familia real durante un acto de protesta contra una visita de los monarcas a Gerona en septiembre de 2007.

El criterio de la Sala conocido ayer es muy diferente al de hace una semana del Juzgado Central de lo Penal, dirigido por el juez José María Vázquez Honrubia, quien absolvió a otros 16 jóvenes acusados de la misma conducta.

En ese proceso, el fiscal calificó los hechos de falta de alteración del orden público, en lugar de delito de injurias al Rey, lo que le valió la reprobación del magistrado, que consideró que la Audiencia Nacional no es competente para juzgar faltas y decidió absolverlos. "Las injurias o son delitos o no son nada", dijo al anticipar el fallo al concluir el juicio.

Según explicó ayer en el Congreso el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ambos casos son "radicalmente distintos" porque en el caso de los condenados hubo intención expresa de ofender a la Corona, mientras que los 16 jóvenes que repitieron el gesto en solidaridad con Roura y Stern, lo hicieron para apoyarles.

En ese sentido, explicó el fiscal general, y tras celebrarse el juicio oral, el fiscal del caso decidió cambiar la calificación de los hechos por no apreciar una voluntad de menospreciar u ofender al Rey.

Del Río explicó que, efectivamente, para que el fiscal pueda acusar de un delito de injurias a los jóvenes manifestantes tiene que comprobar que existe ese ánimo de ofender al jefe del Estado.

En todos caso, insistió en que esa intencionalidad no puede desprenderse sólo de sus declaraciones ante el tribunal, sino de comprobar que sus afirmaciones se corresponden con sus actos.