El juzgado de lo penal número uno de San Sebastián consideró inaplicable la justificación de "estado de necesidad" que alegó el franciscano porque "no existe una situación de necesidad, tal y como la requiere el legislador penal y, si la hubo, fue porque el propio acusado la provocó directamente no ejercitando el derecho a la objeción de conciencia".

La sentencia señala que no es admisible que "el imperativo de conciencia pueda en too caso anular al imperativo legal, ya que ello representaría un ataque directo contra la misma linea de flotación del Estado democrático, cuya soberanía reside en el pueblo español".

El magistrado rechazó que éste fuese "un juicio político", como aseguró el abogado defensor, y añadió que quizás este letrado olvidó que "juicios políticos pudieron existir en épocas pasadas y respecto a los cuales la Iglesia tuvo un cierto protagonismo".

El juez que dicta la sentencia, José Antonio Patrocinio Polo, eprochó al acusado que no se hiciera objetor de conciencia si estaba en contra de los Ejércitos y recalcó que, aunque la ley pueda considerarse desacertada, hay que aplicarla y someterse a ella.