Según este texto, que desarrolla la Ley para la Igualdad de Derechos y Oportunidades de las Personas con Discapacidad de 2005, a partir del 1 de enero de 2015 los edificios de viviendas y los establecimientos públicos deberán ser accesibles para todas las personas, cualquiera que sea su discapacidad.

Antes del 1 de enero de 2011 todos los afectados por estas medidas deberán disponer de un proyecto para la adaptación, que deberá estar disponible para todo usuario que desee consultarlo.

Por lo que se refiere a edificios de nueva construcción, a partir del 1 de enero de 2007 sólo se concederá licencia de construcción a los edificios de uso residencial en altura y unifamiliares que estén adaptados a las necesidades de las personas con discapacidad.

Esta obligación afectará a las zonas circundantes y a todos sus espacios, incluidos el portal, los rellanos, descansillos y corredores para el acceso a las viviendas, los pisos, zonas comunes, ascensores y garajes, que deberán contar con plazas adaptadas.

La única excepción son los inmuebles promovidos por un propietario que los destine a su uso particular, que podría optar por no respetar la obligación de accesibilidad, aunque si decidiera alquilarlos, se le podría exigir que los adaptara.

En lo que se refiere a edificios del patrimonio histórico artístico, podrán aplicarse excepciones y reglas particulares, dependiendo de los casos.

Asimismo, en las instituciones públicas, los equipamientos de accesibilidad deberán tener un funcionamiento prioritario: por ejemplo, en el caso de que sólo haya una ventanilla en funcionamiento, deberá ser la ventanilla rebajada.

Actualmente se está redactando el texto del decreto para la accesibilidad de las vías públicas, mientras que se están debatiendo los relativos a la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, la organización de vacaciones adaptadas, la accesibilidad de Internet, y la del transporte.