La opoición, incluidos los socios del Gobierno de CiU y Coalición Canaria, votaron en contra del dictamen al desestimar el PP sus principales enmiendas e incorpar sólo retoques de carácter técnico.

La portavoz socialista, Amparo Valcarce, declaró tras la sesión que el PP se ha quedado "solo" en el Parlamento porque no ha mostrado ninguna voluntad de acercamiento y después de que ocho comunidades autónomas (las gobernadas por PSOE, CiU y PNV) hayan mostrado su desacuerdo frontal con la ley.

Como en el pimer debate del proyecto en pleno, la vulneración de las competencias de las comunidades autónomas y la falta de financiación fueron de nuevo los principales reproches que escuchó hoy el PP contra esta ley.

El portavoz de CiU, Ignasi Guardans, dijo que el proyecto va "dirigido como un cohete" al Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la "falta de respeto" que entraña para las competencias autonómicas.

PSOE, IU y los grupos nacionalistas coinciden en que esta invasión competencial e produce en capítulos como la creación de la red nacional de centros de referencia o con el nombramiento por las Administraciones de los directores de los centros integrados.

RESPALDO SOCIAL

Marisa Castro, de Izquierda Unida, censuró a los populares que hayan aplicado "el rodillo de la mayoría absoluta" para cercenar las potestades de las regiones y dejar a la FP sin dinero y ensombrecida por la Ley de Calidad.

Para Joxé Juan González de Txabarri, del PNV, el proyecto genera un sistema "centraizado" de formación profesional, que ningunea subsistemas que funcionan con éxito como el del País Vasco. El diputado peneuvista también denunció que el Ministerio de Educación ha arrojado la toalla en la confección de esta reforma en favor de Trabajo.

María del Mar Julios, de Coalición Canaria, dijo que su grupo comparte que la ley es necesaria, pero discrepa en su tratamiento a las autonomías y en la relación que establece entre trabajo y formación.

Por el Grupo Mixto, Francisco Rodríguez, del loque Nacionalista Galego, opinó que el proyecto "apuntala la centralización del sistema de formación profesional".

En representación del PP, José Eugenio Azpiroz, aseguró que su partido está convencido de que el Tribunal Constitucional desestimará un posible recurso contra la ley, toda vez que el Consejo de Estado ha dado su visto bueno al anteproyecto.

El portavoz popular destacó el amplio apoyo social cosechado por la reforma, que cuenta con el respaldo de la patronal y los sindicatos.

Sore este aspecto, el secretario de Enseñanza de UGT, Jesús Ramón Copa, aseguró tras una reunión con el PSOE que su sindicato apoya el aspecto regulador sobre las cualificaciones que hace la ley, pero disiente del "problema ridículo" de competencias que ha generado con las comunidades.