Tras el nombramiento del Gobierno de los dos nuevos miembros del Tribunal Constitucional, eligiendo a un exministro y a una exalto cargo de La Moncloa, esta asociación judicial recuerda que “no es la primera vez que ocurre”, ya que “con demasiada frecuencia la carrera política de los jueces arranca cuando los partidos de uno u otro signo los eligen para ser vocales del CGPJ”.

FJI recuerda el caso de la exfiscal general del Estado Dolores Delgado, que fue nombrada después de ser ministra de Justicia. Es una caso similar al de Juan Carlos Campo, que ocupó esa misma cartera, demostrando que “esa confianza, estrictamente política, les impulsa a otros cargos”.

Según Foro Judicial Independiente, de entre todos los candidatos posibles, el Ejecutivo ha elegido “a la persona menos idónea desde el punto de vista del respeto necesario a la separación de poderes y a la debida imparcialidad”.

“No podemos permanecer callados cuando los Gobiernos y los partidos de toda ideología no están dispuestos a cumplir las reglas constitucionales ni la mínima ética pública en el ejercicio del poder, afectando gravemente a la credibilidad del sistema judicial español”, añade FJI en un comunicado de prensa.

Consideran una “obligación denunciar un sistema que logra la colaboración de los jueces para ocupar las instituciones de control del poder imprescindibles para que una democracia funcione, justamente cuando España se encuentra bajo la supervisión de la Comisión Europea sobre el cumplimiento de los estándares del Estado de derecho”.

FJI advierte que su protesta no tiene que ver con la intervención de los jueces en política, sino con que esa presencia “sirva para un control partidista de las instituciones”. Y señala que mientras “los diferentes Gobiernos han puesto todo el interés en diseñar precisas herramientas legales para colocar a jueces afines en puestos claves sin que sufra su carrera judicial, la justicia real es postergada legislatura tras legislatura sufriendo ya un dramático abandono y deterioro en todos los órdenes que nadie remedia”.

En conclusión, ésta asociación asegura que “no se escoge a juristas de reconocido prestigio sino a juristas de reconocida devoción a un partido político” con consecuencias “inevitablemente perversas” porque los “agraciados, que saben de sobra la razón de su nombramiento (…) venden o arriendan, según los casos, su independencia y en definitiva la justicia, a los partidos que les han traído. Los afectados se envilecen y la administración de Justicia se convierte en una farsa en la que los ciudadanos ya no creen, y esto es gravísimo”.