A través de un comunicado, el Foro señaló que el Ejecutivo es el "máximo responsable de la situación creada", por lo que "tiene la obligación de poner todos los medios para proteger a los ciudadanos que se oponen a ETA".

Según este colectivo, el Gobierno podría reparar el "daño cometido" aplicando la Ley del Bases del Régimen Local, que permite disolver ayuntamientos en situaciones excepcionales, como sucedió con el Consistorio de Marbella.

El Foro destacó que es "obligación" del Ejecutivo aplicar esta ley "en defensa del Estado de Derecho y de los ciudadanos vascos y navarros y del resto de España".