En declaraciones a Servimedia, García-Capelo explicó que en la Audiencia Nacional "a veces" se establece alguna fianza a la parte que acusa, pero "que sea la propia Fiscalía la que lo solicita es poco frecuente, e indica una voluntad de ser ellos los únicos que estén manejando estos asuntos", en referencia a los casos relacionados con la persecución del terrorismo.

"La fianza", añadió, "tiene como objetivo evitaracusaciones temerarias", de modo que con esas cantidades se puedan "indemnizar los posibles daños" derivados de dicha acusación temeraria.

Sin embargo, el abogado del Foro de Ermua calificó de "absurdo" el hecho de que se pida una fianza a una "asociación que se dedica a defender la aplicación de la ley y luchar contra el terrorismo, sin beneficio económico alguno".

"La Fiscalía", lamentó, "durante el alto al fuego hizo dejación de sus funciones" y ahora les pide que aporten una fianza. Una medida, a su juicio, "injustificada y que no tiene ningún sentido" puesto que el Foro de Ermua pretende que se investigue a Iñaki de Juana, "un terrorista responsable de 25 asesinatos", por un "posible delito de enaltecimiento del terrorismo", algo que no puede considerarse como una acusación temeraria, aclaró.

"Frente a una persona como de Juana la Fiscalía tiene que tener un celo específico" y lo que "debería haber hecho" es promover una investigación, "en vez de poner trabas a quienes presentamos una acusación particular", aclaró.

"La Fiscalía", continuó, "desde hace tiempo viene pretendiendo" detentar "el monopolio de la acción penal" y "para ello pone todas las trabas posibles a la acusación particular".

El Ministerio Público defiende a "ultranza" la "doctrina Botín, según la cual solamente la Fiscalía podría acusar cuando existen delitos en los que no hay un ofendido particular", sino que es la sociedad en su conjunto la perjudicada, algo sobre lo que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en contra.

Por todo ello, García-Capelo expresó su sospecha de que la petición de la Fiscalía suponga "un paso hacia un mayor control de la justicia por parte del poder político", sobre todo "en un caso como el español en el que el fiscal general del Estado es nombrado por el Ejecutivo".