Aunque el Tribunal Constitucional ha obligado a que las comunidades autónomas participen en la gestión de los fondos que se destinan a formación cotinua de los trabajadores, los sindicatos exigen mantener su participación en la fijación del nuevo modelo que surja de aplicar las instrucciones de la sentencia del Alto Tribunal.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, confió el pasado lunes en llegar a un acuerdo con los sindicatos sobre este tema y señaló que el modelo del Gobierno persigue una mayor cercanía de la formación a cada empresa.

La intención de Trabajo es que sean las propias empresas las que hagan actuaciones e formación continua, recibiendo posteriormente bonificaciones en sus cuotas en función del gasto que hayan tenido en esta materia. De este modo, sindicatos y patronal dejan de participar en el sistema y de gestionar los fondos del mismo.

En la propuesta sindical, UGT y CCOO proponen mantener los principios generales contemplados en el acuerdo vigente, como la unidad de caja de la cuota de formación profesional, el control estatal de los fondos, el protagonismo de los agentes sociales en el sistema, l vinculación a la negociación colectiva y la consideración de la formación continua como un instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida.

Optan, también, por mecanismos de control que permitan la total transparencia del sistema; seguimiento en tiempo real de la formación que garantice la calidad de sus acciones, y evaluación del impacto de la formación continua en la sociedad, en las empresas y sus trabajadores.