Las centrales sindicales difundieron hoy su opinión sobre el modelo remitido por el Gobierno e hicieron pública, a su vez, su propia propuesta, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a introducir algunas modificaciones en el sistema para hacer copartícipes del mismo a las comunidades autónomas.

La intención del Ejecutivo es que sean las propias empresas las que hagan actuaciones de formacióncontinua, recibiendo posteriormente bonificaciones en sus cuotas en función del gasto que hayan tenido en esta materia. De este modo, sindicatos y patronal dejan de participar en el sistema y de gestionar los fondos del mismo.

Según las centrales, el Gobierno sustenta el nuevo sistema en dos pilares: formación continua en las empresas mediante bonificación en las cotizaciones y mediante acciones de oferta gestionadas por las comunidades autónomas.

En opinión de los sindicatos, la formación contina en las empresas "sólo servirá para las grandes empresas y nunca para las pequeñas".

En el nuevo esquema "no se dice nada acerca de la participación de los agentes sociales en la programación y gestión, aunque sea competencia autonómica". Tampoco se dice nada de que la formación continua "se vincule a la negociación colectiva, no se contemplan ni los criterios orientativos, ni las prioridades de formación, ni los colectivos destinatarios que establecían las comisiones paritarias".

La Comisión Trpartita, integrada por Gobierno, sindicatos y patronal, "ve recortadas sus funciones con respecto a los terceros acuerdos nacionales de formación continua, ya no es un órgano de decisión y propuestas, ni siquiera eleva propuesta de la asignación de los recursos para la formación continua".

El documento señala, critican los sindicatos, que "la distribución de los fondos se realizará en la Conferencia Sectorial", no en la comisión tripartita en la que sí participan los agentes sociales.

PROPUESTA

Los sindicatos proponen mantener los principios generales contemplados en el acuerdo vigente, como la unidad de caja de la cuota de formación profesional, el control estatal de los fondos, el protagonismo de los agentes sociales en el sistema, la vinculación a la negociación colectiva y la consideración de la formación continua como un instrumento esencial para garantizar la formación a lo largo de la vida.

Quieren, asimismo, que se vincule la oferta formativa a los trabajadores con el Sistema Naciona de las Cualificaciones. Abogan por la participación de los agentes sociales a través de los instrumentos que emanen de los convenios colectivos de carácter nacional sectorial en la definición de las ofertas formativas de sus respectivos ámbitos.

Optan, por último, por mecanismos de control que permitan la total transparencia del sistema; seguimiento en tiempo real de la formación que garantice la calidad de sus acciones, y evaluación del impacto de la formación continua en la sociedad, en las empresa y sus trabajadores.