Según informaron hoy fuentes del Alto Tribunal, la Sala Segunda de este órgano judicial recibió esta mañana la comunicación de la magistrada acordando su inhibición de la causa en favor del Tribunal Supremo. Las fuentes consultadas indicaron que la sala competente del Alto Tribunal, integrada por los magistrados José Augusto de Vega, José Antonio Martín Pallín y Ramón Montero, procederá ahora a dar traslado del escrito de la juez Marugán al fiscal, con el fin de que dictamine sobre la competencia del Tribunal Supremo para instruir la causa.

El pasado mes de junio, la magistrada dictó una resolución en la que aseguraba que existían indicios contra Barrionuevo que procedían, entre otras circunstancias, e las declaraciones prestadas ante ella por el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, el ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal, y del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, los dos primeros imputados en la causa.

En concreto, Vera declaró que el ex ministro conocía y consentía diversos pagos que él efectuaba con dichos fondos, así como el traslado de cantidades de otras partidas presupuestarias a la de fondos reservados.

Además, el ex secretario e Estado para la Seguridad también relató los pagos que realizaba directamente Barrionuevo a familiares de guardias civiles fallecidos en actos de servicio.

Por su parte, Roldán y Sancristóbal declararon "sobre el conocimiento, consentimimento y órdenes del ministro del Interior en relación con los hechos que se investigan", según el escrito de la magistrada.

Además de Sancristóbal y Vera, también están imputados en esta causa el ex ministro del Interior José Luis Corcuera; el ex jefe del Mando Uico de la Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez; el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado y el ex subdirector general operativo de la Policía Agustín Linares.

El sumario por el supuesto uso irregular de los fondos reservados se inició como consecuencia de una denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado en octubre de 1994 por el entonces portavoz de Justicia del Partido Popular Federico Trillo y actual presidente del Congreso en nombre del Grupo Parlamentario Popuar.

Posteriormente, la fiscalía general acordó remitir la causa al Tribunal Supremo al considerar que algunos de los últimos ministros del Interior, a quienes la denuncia apuntaba como posibles responsables del uso irregular de los fondos reservados, tenían la condición de aforados.

Sin embargo, el Alto Tribunal decidió en diciembre de ese año enviar el caso a los juzgados de Plaza de Castilla, al entender que su competencia para investigar estos hechos sólo estaría justificada si aparecieran indcios de eventuales responsabilidades criminales contra personas concretas que fueran aforadas.