"Los acusados, especialmente los máximos responsables, aprovecharon la discrecionalidad en el manejo de fondos reservados para, convirtiéndolo en arbitrariedad, adulterar su finalidad propia" y "enriquecerse", dijo el fiscal.

Para Luzón, los acsusados, "amparándose en la total ausencia de cualquier tipo de cotrol ajeno a ellos mismos emplearon importantes cantidades de las partidas destinadas a fondos reservados al interés estrictamente privado".

Asimismo, mostró su sorpresa por "el desparpajo" con el que se habla en la Sala de cantidades millonarias mientras que el salario mínimo en el 2001 es de 1.009.000 pesetas.

"EXTREMO ESCANDALOSO"

En relación a sus acusaciones a los ex ministros de Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera, Luzón explicó que "los sobresueldos en el Ministerio no se podran realizar, y no se realizaron, sin su consentimiento". Para el fiscal, si con Barrionuevo se generalizó el pago de gratificaciones, con Corcuera la situación llegó a un "extremo escandaloso".

En relación a Barrionuevo, Luzón dijo que su acusación se basa en las declaraciones del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, ya juzgado y condenado por esta causa, y del ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal, imputado en el procedimiento.

Barrionuevo basó su declaración en qu él no llevaba el control de las cuentas de los fondos reservados. Sin embargo, Roldán y Sancristóbal aseguraron que les entregó dinero personalmente. Además, según recordó el fiscal, los testigos Manuel Fraga y Ramón Jáuregui, entre otros, dijeron ante el tribunal que hablaron de fondos reservados con el entonces ministro.

Asimismo, Luzón dijo que la declaración de Roldán, que contradice la de varios acusados, no es consecuencia de la supuesta enemistad entre ellos, como pretenden demostrar las defenas. Para Luzón, es la causa de esa mala relación.

Al respecto de Corcuera, sucesor de Barrionuevo en Interior, el representante del Ministerio Fiscal explicó que mantuvo el mismo equipo en el Ministerio y "continuó con l misma dinámica".

No obstante, a partir de una cena celebrada en el Cenador de El Salvador en enero de 1990, a la que asistieron Corcuera, Roldán, el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, y el ex director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, la ituación se volvió "escandalosa".

El fiscal considera probado que en esa cena se pactara que cada uno de los comensales recibiera un total de 125 millones de pesetas para poder afrontar el paso de la empresa pública a la empresa privada.

"PRUEBAS ABUNDANTISIMAS"

Para Luzón, la prueba de culpabilidad de Rafel Vera es "abundantísima", porque era quien decidía y disponía de los fondos reservados, por lo que disponía de dinero público en efectivo "a su antojo" sin tener que justificarlo.

En esa línea, las principales pruebas contra Vera son las declaraciones de Roldán y Sancristóbal, así como el reconocimiento por parte de varios trabajadores de Interior del cobro generalizado de sobresueldos. No obstante, el fiscal dijo que las pruebas acerca de la supuesta apropiación indebida de dinero público por parte de Vera son sólo indiciarias.

"Hay una pluralidad de individuos que generan un grado de certeza respecto a que Vera se apropió de dinero indebidamente", dijo Luzón. Tras una densa explicción, el fiscal concluyó que "un razonamiento lógico" indica que las fincas que supuestamente son propiedad de su suegro, Enrique Esquiva, "pertenecen a Vera, que sólo pudo pagarlas con fondos reservados".

Por otra parte, las únicas pruebas existentes de que Sancristóbal cobrara sobresueldos son su propia declaración admitiéndolo y la reparación del daño causado mediante la devolución de 66 millones de pesetas de los que se había apropiado.

El fiscal concluyó que no posible confirmar que el diner que Sancristóbal ingresó en Indubank procediera de los fondos reservados.

En relación a Rodríguez Colorado, el fiscal dio por probado que utilizó a su amigo el empresario Mariano Jaquotot para "lavar" el dinero que mensualmente le enviaban desde Interior, tal y como se concretó en la comida celebrada en el Cenador de El Salvador en enero de 1990.

Prueba suficiente para el fiscal es que los cheques recibidos por Roldán eran correlativos con los de Jaquotot, lo que desmonta "la argucia ideada por olorado", que consiste en que Jaquotot era colaborador de Interior.

Al respecto del ex gobernador Civil de Vizcaya Iñaki López y del ex mando único de la Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez, Luzón explicó que, pese a que ambos devuelven el dinero del que se había apropiado, 7 y 15 millones de pesetas respectivamente, niegan haberlo sustraido.

Luzón mantiene las penas para todos los imputados: siete años para Barrionuevo, seis para Corcuera, ocho para Vera, tres para Sancristóbal, ocho para Colrado, once meses para Alvarez y diez para López.

CONOCIMIENTO DE CAUSA

Al comienzo de su alocución, Luzón explicó que el motivo por el que sólo acusa a siete personas de las muchas que, en su opinión, cobraron sobresueldos en Interior es que "sólo se acusa a quien se ha quedado con dinero con conocimiento de causa", es decir, "si el destinatario sabía la procedencia". Según Luzón, "todos los acusados administraban o manejaban fondos reservados".

Además de comentar los delitos que, desde su punt de vista, han cometido los imputados, el fiscal fue repasando Y desechando uno por uno todos los documentos a los que se habían remitido las defensas a lo largo de la vista oral.

De esta forma, Luzón hizo referencia a la circular 15/66, a la que aludió la defensa de Corcuera, los informes de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y un informe sobre gastos reservados del Tribunal de Cuentas. Para Luzón, ninguno de estos documentos carecía de valor alguno en este procedimiento.