Jiménez Villarejo aseguró a los periodistas que a lo largo de la mañana había mantenido conversaciones con la Fiscalía General del Estado, si bien añadió que no ha pedido ninguna investigación sobre el incidente.

La Junta de Fiscales Anticorrpción emitió además una nota pública en la que expresaba "su preocupación por la filtración, realizada por persona jena" al departamento de Jiménez Villarejo "de un documento aún no presentado ante el órgano jurisdiccional competente".

Además, los fiscales anticorrupción consideran que la filtración de dicho documento "afecta y lesiona los derechos de las partes" personadas en el caso.

Mientras que fuentes cercanas al fiscal Anticorrucpión encargado del caso, Alejandro Luzón, sostenían esta mañana que hasta las 10,30 horas no había presentado su escrito de conclusiones provisionales del "caso fondos reservado", dos diarios nacionales publicaban las penas que el ministerio público solicita para los imputados en el sumario.

Además, el malestar se extendió también a la Fiscallía General del Estado, que desconocía el origen de la filtración del escrito de conclusiones provisionales a los medios de comunicación, cuyos periodistas no daban crédito a lo que sucedía, al verse finalmente con dos escritos de acusación diferentes en sus manos.

La única diferencia entre ambos escritos de conclusiones provisionals del "caso fondos reservados" consistía en que uno tenía pies de página (explicando el origen de las afirmaciones fiscal) y el otro no.

DELITOS Y PENAS

La Fiscalía Anticorrupción solicita para el ex ministro del Interior José Barrionuevo 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta por consentir la sustracción de caudales públicos.

Para el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, el fiscal pide 10 años y siete meses de cárcel, así como 23 años y un mes de inhabilitación absoluta por cnsentir la sustracción de caudales públicos y por cometer malversación.

El fiscal acusa al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera de un delito continuado de malversación y pide para él ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta.

Asimismo, el fiscal considera al ex director general de la Seguridad Julián Sancristóbal responsable de malversación continua de caudales públicos, por lo que solicita un total de 10 años y siete meses de cárcel, así como 24 años y un mes de inhabiitación absoluta.

Además, acusa de sustracción de caudales públicos al ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado, al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, al ex gobernador civil de Vizcaya Ignacio López Rodríguez y al ex jefe del mando único para la Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez.

Para Rodríguez Colorado solicita ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta, mientras que para Roldán pide cuatro años y siete meses de prisión y ocho de inhabilitacón.

En cuanto a los dos restantes, Ignacio López Rodríguez y Francisco Alvarez, el fiscal del caso pide un total de cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación para cada uno de ellos.

LO QUE SOSTIENE EL FISCAL

El fiscal del caso, Alejandro Luzón, considera probado que los acusados malversaron la partida presupuestaria del Ministerio del Interior correspondiente a gastos reservados, destinada a la defensa y seguridad del Estado.

Así, el fiscal considera que los acusados utilizaron ese diero para hacer regalos costosos a las esposas de los altos cargos del Ministerio del Interior (Corcuera), comprar inmuebles que suscribían a nombre de terceros (Vera) o cobrar subresueldos (Roldán, Colorado, Sancristóbal, Juan Ignacio López y Francisco Alvarez).