De ellos, 28.971 millones de pesetas correspondieron a prestaciones concedids a los trabajadores como consecuencia de una situación de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o fuerza mayor.

Los 2.798 millones de pesetas restantes correspondieron a las prestaciones estipuladas en el artículo 33.8 del Estatuto de los Trabajadores, que dispone el abono por parte de Fogasa del 40 por ciento de las indemnizaciones resultantes de los expedientes de regulación de empleo en empresas de menos de 25 trabajadores.

Los 31.769 millones de pesetas abonados por el Fogasa se repartieon entre un total de 74.432 trabajadores, 15.263 personas menos que los beneficiarios registrados entre enero y septiembre del año pasado.

Del total de beneficiarios que percibieron indemnizaciones del Fogasa, 63.449 personas accedieron a ellas porque sus empresas se declararon insolventes y 10.983 tuvieron que acogerse a este fondo por verse afectados por expedientes de regulación de empleo.

Por comunidades autónomas, las indemnizaciones más cuantiosas correspondieron a Cataluña, con 10.270 millnes de pesetas, seguida de Valencia (5.548 millones), País Vasco (3.405), Andalucía (2.503) y Madrid (2.309 millones).

Desde 1987, tanto el número de beneficiarios como la cuantía de las prestaciones desembolsadas por el Fogasa habían ido descendiendo paulatinamente, como consecuencia principalmente de la recuperación económica.

Así, en 1987 el importe de las indemnizaciones ascendió a un total de 70.859 millones de pesetas para un total de 186.268 trabajadores, a 52.683 millones para 166.914 benficiarios en 1988, a 43.629 millones para 140.563 personas en 1989 y a 39.846 millones de pesetas para un total de 112.148 beneficiarios el año pasado.

Esta tendencia descendente ha quebrado en los nueve primeros meses de este año en lo que se refiere al importe de las prestaciones pagadas, lo que presumiblemente refleja el aumento de las quiebras y regulaciones de empleo en el presente ejercicio.