Durante la sesión de control al Gobierno, la diputada del PP María José González del Valle hizo referencia a las "quejas formuladas" por ciudadanos de la UE y de otros países que envía unas tarjetas postales desde España "que nunca llegan" a su destino.

Según relató, dichos establecimientos ofrecen una "especie de sellos parecidos" a los de Correos y les invitan a depositar sus tarjetas postales en unos "buzones especiales" que les dicen que garantizan envíos "más seguros, rápidos y eficaces".

El ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, respondió que su departamento "ha abierto 11 expedientes sancionadores por prestación de servicios reservados a Correos, de los cuales neve ya han concluido en sanciones", que en algún caso han llegado "al máximo que permite la ley: 300.000 euros".

Alvarez-Cascos explicó que el correo transfronterizo de salida, "el que tiene su origen en España, está reservado" a Correos, por lo que los hechos citados por la diputada "suponen una vulneración" de la ley nacional y de las directivas comunitarias y "constituyen, por tanto, una actividad ilegal y un evidente fraude que el Gobierno no puede ni va a consentir".

"No podemos tolerar que e suplanten los sellos del Reino de España, que se dañe la imagen y que se defraude a los turistas que vienen a España. No podemos consentir que se vulnere la ley postal", añadió el ministro.

Alvarez-Cascos explicó, además, que se ha dirigido a otros países comunitarios y a las tiendas en las que se ha detectado el fraude para "informar de la ilegalidad de estas conductas".

El ministro señaló que alguna de las empresas postales que realizan estas prácticas "fraudulentas" pueden "eventualmente tenr vinculación con operadores públicos de otros países europeos".

Por ello, se ha dirigido a los ministros de Comunicaciones de estos países "para requerir su colaboración y transmitirle la firme decisión del Gobierno español de no permitir infracciones a la normativa postal y corregir con el máximo rigor cualquier acto en esta materia, con independencia de la titularidad o vinculaciones que pueda tener el operador postal infractor".