En dicho expediente se estipula una fianza de 2.600.000 euros para hacer frente a la posible sanción que se fije al final del procedimiento administrativo, por lo que la citada plataforma está retenida por la Capitanía Marítima de Tarragona hasta que se efectúe la correspondiente garantía en la Agencia Tributaria y se personen los propietarios o sus representantes para recibir la notificación de la apertura del citado expediente.

Las infracciones que se sancionan hacen referencia al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques (Marpol) y al Convenio Internacional de Barcelona.