Así se expresó la patronal catalana en un comunicado después de que ayer jueves los expertos entregaran al Ministerio de Hacienda y Función Pública el Libro Blanco para la Reforma Tributaria.

“Sin perjuicio de la debida consideración a la alta cualificación de los integrantes del Comité de personas expertas que lo ha elaborado, y siendo consciente de la finalidad expresa y límites fijados en el encargo realizado al Comité por la ministra de Hacienda, Foment del Treball debe expresar su desacuerdo con muchas de las propuestas realizadas en el mismo”, afirma.

A su juicio, es “claramente inconsistente apoyar la armonización y coordinación fiscal en el ámbito tributario y mantener el Impuesto sobre el Patrimonio, inexistente en el resto de los países de la Unión Europea”. De hecho, sostiene que incluso el propio Libro Blanco reconoce que la supresión del Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones “es posible”.

“La existencia de una imposición patrimonial penaliza el ahorro, especialmente grave en períodos impositivos con tipos de interés bajos, y puede llegar a ser confiscatorio, implica el encarecimiento del coste de capital de las empresas, y su consiguiente penalización sobre la inversión, la productividad, y el crecimiento económico”, añade.

Asimismo, Foment asegura que el sistema tributario propuesto no va dirigido a impulsar el crecimiento económico, la economía productiva y la creación de puestos de trabajo. “Estos condicionantes económicos sólo se tienen en cuenta para solicitar que no se aplique de forma inmediata, y que se espere a que la economía española se haya recuperado de los efectos de la crisis del 2008 y de la covid. Lo que supone el reconocimiento de que la propuesta es claramente antieconómica y va dirigida a que quienes ya pagan paguen más. Las empresas y las familias no pueden soportar más presión fiscal”, asevera.

En este sentido, expresa su temor por que el libro blanco de los expertos sea utilizado como “excusa” para subir impuestos por parte del Gobierno de España.

Eso sí, reconoce algunos aspectos positivos de las conclusiones de los expertos, como el reconocimiento de un amplio porcentaje de economía sumergida que degrada las bases tributarias, y que explica que la tributación en España sobre el PIB esté teóricamente por debajo de la media europea.

“La necesidad de seguridad jurídica (con la propuesta de reducción del plazo de contestación a las consultas tributarias), así como la necesidad de mejora de las relaciones entre la Agencia Tributaria y el contribuyente, incentivando las actas con acuerdo y los medios alternativos de solución de conflictos”, apunta Foment.

En este sentido, insiste en que cada día que pasa es “más urgente una profunda reforma de la administración pública para ganar eficiencia y evitar duplicidades”, porque “no se puede estar constantemente pidiendo esfuerzos a la sociedad sin antes evaluar la eficiencia del gasto público”.