Los beneficiarios fueron 79.920 trabajadores, que recibieron 24.954 millones en concepto de indemnizaciones judiciales no abonadas por sus empresas y 15.813 millones por salarios adeudados y no pagados.

Los casos extremos de suspensiones de pagos y quiebras obligaron a pasar por el Fogasa a 4.874 trabajadores de 241 empresas, y a efectuar unos pagos de casi 3.000 millones de pesetas.

El sector que provocó más pagos fue el de lasindustrias manufactureras (16.508 millones de pesetas), seguido de las actividades inmobiliarias y de alquiler (7.729 millones), el comercio y reparación de vehículos (4.515 millones) y la construcción (3.984 millones).

Por comunidades, trabajadores de empresas radicadas en Cataluña recibieron 9.893 millones; en la Comunidad Valenciana, 5.989; en Madrid, 5.691; en el País Vasco, 3.745; en Andalucía, 3.341; y en Galicia, 2.922.