El presidente de los empresarios autónomos de Miranda, después de entablar negociación con la Junta de Castilla y León, decidió que resultaba más rentable para sus intereses instalar su emresa Subcontratación de Productos Aeronáuticos en territorio alavés que hacerlo en la tierra cuya iniciativa empresarial representa, a consecuencia de la reforma del Impuesto de Sociedades aprobada por las distintas diputaciones forales del País Vasco.

Lo mismo sucedió con Traspapel, otra empresa que hace dos años negoció con el Gobierno de Juan José Lucas la inversión en esta comunidad autónoma de 65.000 millones de pesetas, pero que finalmente optó por aceptar la oferta de 13.000 millones de subvencón que le hizo llegar el Gobierno vasco, que además prometía ventajas fiscales complementarias si la empresa recalaba en su territorio.

Donuts rompió de igual modo sus relaciones con la Junta de Castilla y León y se instaló en Espejo (Alava), donde, según su proyecto, pretendía crear 15 puestos de trabajo, y Seur, que estaba instalada en el polígono de Baya (Miranda de Ebro), decidió hace unos meses trasladarse a Ribabellosa (Alava), aprovechando las ventajas fiscales que le reportaba el recorrido de an solo unos pocos kilómetros.

Según datos facilitados a Servimedia por el PSOE castellano- leonés, es precisamente la zona de Miranda de Ebro, limítrofe con el País Vasco, la más afectada por este asunto. El vicesecretario regional del PSOE de Castilla y León, Jaime González, aseguró que algunas ampliaciones de empresas instaladas en Miranda se están haciendo al otro lado del río, en el polígono industrial de Lamparón, territorio vasco, para beneficiarse de las condiciones fiscales que ofrece Euskadi

De hecho, según González, el censo de población de Miranda ha disminuido desde marzo en 1.500 personas, que continúan viviendo en la ciudad castellana pero que están empadronadas en localidades vascas.

Precisamente, para evitar este éxodo de empresas el PSOE va a presentar una proposición no de ley en las Cortes de Castilla y León para que la Junta apoye una compensación periódica a los inversores que se queden en territorio de la comunidad que contrarreste las consecuencias negativas de la refoma del Impuesto de Sociedades en el País Vasco.

Esta misma iniciativa fue planteada también por la oposición del Partido Popular cuando el PSOE estaba en el Gobierno regional varias legislaturas atrás, momento en que la compensación fue calculada en 2.000 ó 2.500 millones de gasto. La iniciativa fue entonces rechazada por el Gobierno socialista.