El procedimiento se enmarca dentro de los iniciados por parte de la CE como consecuencia de que, determinadas empresas, a la vista de las ventajas fiscales ofrecidas por los territorios forales, trasladaran sus instalaciones al País Vasco.

En este caso, según la Junta de Castilla y León, las instancias europeas entrarán a valorar la compatibilidad de determinadas ayudas con el mercado común, "a raíz de la empresa Ramondín, qu trasladó su centro productivo a la provincia de Alava, resultando así beneficiada por aquellos incentivos, consistentes en el establecimiento de un crédito fiscal del 45% del importe de las inversiones y en la reducción en la base imponible para las empresas de nueva creación".

Según lo expuesto por la Junta, "las medidas de que se beneficia la empresa Ramondín afectan de forma muy directa a la competencia y a los intercambios entre Estados miembros, puesto que la actividad económica desarrollada porla empresa (fabricación de cápsulas de estaño) es una actividad en pleno auge, donde Ramondín, que es líder mundial en el sector, controla más del 50% del mercado mundial, con más del 75% de las ventas fuera de España".

Por esta actividad de la empresa Ramondín, la Junta de Castilla y León presenta en la conclusión de sus alegaciones que este régimen de ayudas resulta incompatible con el mercado común, en virtud del artículo 87, apartado 1.