En una nota, la Fiscalía señala que esta reforma "ha dado un paso decisivo al reconocer la guarda de hecho como auténtica institución de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas mayores de edad con discapacidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en una clara desjudicialización de las medidas de apoyo".

"El despegue de esta institución renovada precisa un cambio de mentalidad y de actitudes", agrega.

La nueva regulación dispone que no procederá la adopción de medida de apoyo judicial si existe una guarda de hecho o medidas de naturaleza voluntaria dispuestas por la persona y que estén atendiendo debidamente las necesidades de la persona con discapacidad. A partir de esa norma, las resoluciones judiciales solo podrán ser subsidiarias y complementarias, solo se aplicarán en defecto o insuficiencia de las medidas previstas por la persona o el apoyo que le este brindando el medio sociofamiliar.

Por consiguiente, las facultades de actuación del guardador de hecho no vendrán dadas por una resolución judicial, sino directamente de la ley, que describe de forma específica los supuestos en los que el guardador de hecho precisa autorización judicial, que resulta innecesaria en los actos relativos a la gestión económica ordinaria.

Así, la gestión diaria de una cuenta bancaria para atender las necesidades diarias entra de lleno en la gestión del guardador de hecho.

Por ello, las entidades financieras deben crear protocolos de actuación para reconocer esta importante figura de apoyo del guardador de hecho y crear productos que faciliten su actuación a fin de atender las necesidades ordinarias de las personas mayores y con discapacidad.