En un escrito de 14 folios y fechado el 1 de septiembre, el Ministerio Público pide que se estime su recurso de súplica y que se deje sin efecto el auto de inadmisión dictado el 9 de agosto por la Sala de Vacaciones.

Según la Fiscalía, la decisión “no ha sido adoptada ni en el tiempo ni por el órgano que de acuerdo con la ley aseguran su legitimidad constitucional, o, lo que es lo mismo, garantizan que tal decisión es fruto del legítimo ejercicio de la jurisdicción constitucional".

Y, por tanto, la decisión de la Sala Vacaciones “no puede ser convalidada, ni tan siquiera valorada en cuanto a su contenido de fondo o su concreto sentido decisorio, sino revocada en aras a una correcta interpretación y aplicación, en el presente caso y en el futuro, de las normas que fijan las condiciones del ejercicio de la jurisdicción del Tribunal”.

El recurso del Ministerio Público está firmado por el fiscal Pedro Crespo, que no se pronuncia sobre si la decisión en sí misma es “acertada o desacertada” o sobre si está “bien o mal fundada”, pero insiste en que no había una “urgencia real” que motivara una decisión por la Sala de Vacaciones, que cuenta con mayoría conservadora, a diferencia del Pleno, en el que los progresistas predominan.

El fiscal no descarta que el Ministerio Público se pueda oponer a las pretensiones de Puigdemont y de su exconseller Tono Comín, pero insiste en que es de importancia trascendental” que una eventual inadmisión se acuerde por el órgano competente, que a su juicio es el Pleno del TC y critica la posición de César Tolosa y Concepción Espejel que decidieron imponer “su voluntad decisoria” en la Sala de Vacaciones.

Estos dos magistrados acordaron inadmitir a trámite el recurso frente al voto de la progresista Laura Díez, tras declararse competentes para tomar la decisión. El recurso de Puigdemont alegaba que habían sido vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso con todas las garantías e invocaba la inmunidad parlamentaria que les asiste como miembros de la Eurocámara.

Todos sus argumentos fueron rechazados y considerados reiterativos respecto del recursos anteriores. La magistrada Laura Díez emitió un voto particular en el que señalaba que la decisión de la Sala de Vacaciones había sido precipitada y defendía la competencia del Pleno para decidir sobre el asunto.

Sobre Puigdemont pesa una orden nacional de detención dictada por el instructor del 'procés' en el Supremo, que le había procesado los delitos de desobediencia y malversación, tras la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición por el que en un principio de investigaba a Puigdemont.