La vista tiene lugar después de que el pasado julio Llarena rechazara aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Las defensas recurrieron aquella decisión en reforma, pero el magistrado se ratificó en su postura y presentaron un nuevo recurso, cuya vista se celebró este lunes.

Tanto el magistrado instructor como la Sala de lo Penal han rechazado aplicar la amnistía al delito de malversación, que es el que mantiene a Puigdemont como reclamado por la Justicia española, con el argumento de que el desvío de fondos públicos a la celebración del referéndum supuso “un beneficio patrimonial” para los investigados, un argumento que la Fiscalía considera “cuanto menos sorprendente”.

La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, dijo en la vista que el tribunal ha puesto en práctica una “errática aplicación de la ley” que ha permitido que la amnistía se aplique a unos de los acusados y a otros no. Rebatió, además, el argumento de que el referéndum de 2017 se hubiera pagado con fondos europeos, lo que impediría que fueran amnistiados. “Los fondos pertenecían a la Generalitat y eso está acreditado hasta la saciedad en esta causa”, señaló la fiscal.

Sánchez Conde recordó que la sentencia del ‘procés’ no habla en ningún momento de un supuesto “enriquecimiento personal de los responsables políticos y describió el proceso como una “artificio engañoso” que no tuvo por objeto la obtención de “un beneficio personal”, que la sentencia ni siquiera “insinúa”.

Por su parte, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, pidió que este debate se traslade al Tribunal Superior de Cataluña y que, en cualquier caso, se amnistíe el delito de malversación dado que no hubo enriquecimiento ni fueron afectados lod fondos europeos, los dos límites que establece la ley.

A su juicio, tomar una decisión “contraviene el espíritu de la ley” ya que el legislador “pretendía (…) amnistiar todos los hechos y delitos relacionados con el 1-O, incluido aquellos actos de malversación”.

Boye insistió en que cualquier decisión que adopte el Supremo “conllevaría la vulneración del juez prestablecido por la ley”, puesto que Puigdemont fue electo al Parlament de Cataluña, por lo que el tribunal que debería pronunciarse es el TSJ catalán. Similares argumentos defendió Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Lluis Puig, quien advirtió que la no aplicación de la amnistía sería “arbitraria e injusta”.

Intervino, además, Íñigo Iruin, que ejerce la defensa de la dirigente de ERC Marta Rovira, en contra del recurso de Vox que se opone a la amnistía del delito de desobediencia por el que está procesada. Igualmente pidió que sea el TSJ catalán el que decida.

Por su parte, Vox se opuso a aplicar la amnistía al delito de malversación y rechazó igualmente que la resolución de los recursos se traslade al TSJ de Cataluña. "Si un acto es ilícito no puede ser amparado por ninguno de los instrumentos de derecho, mucho menos por esta ley de amnistía”, dijo la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, quien insistió en que la decisión del instructor sobre el delito de malversación no fue “extravagante”.

En la actualidad, hay decenas de recursos sobre la constitucionalidad de la amnistía en el Tribunal Constitucional que fueron presentados por el PP y varias de las autonomías que ellos gobiernan.