La magistrada del TCu establecerá un plazo para que las defensas remitan sus informes y después dictará sentencia. El Tribunal Supremo condenó por malversación a los líderes independentistas en 2019, pero corresponde al TCu evaluar el desvío de fondos producido. Este es uno de los delitos amparados por la ley de amnistía al tratarse de un delito de malversación en el que no ha habido enriquecimiento personal de los acusados.

El fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo, rubrica el escrito donde figura que los pagos bajo sospecha se hicieron “sin la adecuada justificación” y no respondían a “objetivos y fines legales y legítimos, sino a la organización del referéndum de autodeterminación que tendría lugar el 1 de octubre de 2017”.

Señala la existencia de un acuerdo del Govern de 7 de septiembre de 2017 por el que se autorizó “la utilización, en general, de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para garantizar la celebración del referéndum”, estableciendo la forma "colectiva, colegiada y solidaria de adoptar dichas decisiones por parte de los miembros del Gobierno”.

En virtud de dicho acuerdo, los gastos derivados de la celebración del referéndum quedaban “sufragados por el presupuesto de la Generalitat”. La Fiscalía considera que en virtud de ese acuerdo Puigdemont es corresponsable del empleo de esos fondos y “le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable derivada de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta”. En igual situación se encuentra Oriol Junqueras.

En el caso de los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, la Fiscalía entiende que son “responsables del total de lo malversado, como así expresa el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, que les condena por un delito de malversación agravada por la deslealtad que representa haber puesto la estructura de sus respectivos departamentos al servicio de una estrategia incontrolada de gasto público al servicio del referéndum ilegal”.