En sus informes finales, el fiscal recoge diversas causas que a su juicio justifican la ilegalización de estos partidos, según informó hoy el Ministerio Público.

En concreto, explica que ANV, tras una "inicial ambigüedad calculada", desarrolló una estrategia global de colaboración con Batasuna -una organización ya ilegalizada-, con una total subordinación a sus directrices y objetivos, incluido el apoyo a la violencia.

La Fiscalía entiende que hay seis causas, políticas y económicas, para ilegalizar a ANV. La primera, un apoyo al terrorismo, que se vio, según la Fiscalía, en la actitud de los grupos municipales de Durango y Baracaldo tras los atentados terroristas contra el cuartel de la Guardia Civil y los asesinatos de Capbreton (Francia).

Además, se prestó cobertura política a Batasuna al participar en homenajes a varias acciones terroristas, como las manifestaciones de la alcaldesa de Hernani, o en la creación de comisiones municipales de represaliados en Hernani y Elorrio.

A ello se suma, como tercera causa, la colaboración habitual con eslóganes y carteles, de forma que ANV asume e imita la simbología de Batasuna en la Semana Grande de Bilbao.

La Fiscalía entiende como cuarta causa para ilegalizar a ANV el apoyo a la estrategia de ETA y Batasuna en la campaña contra el Tren de Alta Velocidad (TAV) en el País Vasco, y como quinta, la cesión de parte de las listas electorales a candidatos de Batasuna en las elecciones municipales.

Respecto del apoyo económico, la Fiscalía entiende que ha quedado acreditada durante el juicio la existencia de una "significativa asistencia financiera" de ANV hacia Batasuna.

PCTV

En lo que se refiere al PCTV, el Ministerio fiscal considera que existen reiteradas pruebas de una "estructura común con un sistema de caja única", que incluso radicaba en la misma sede del PCTV, desde donde se llevaba la contabilidad de las tres organizaciones.

Así, existen documentos bancarios que demuestran que ANV pagó diversas facturas de actos políticos realizados por miembros de Batasuna.

La Fiscalía también encuentra "suficientemente acreditada" la colaboración habitual del PCTV con Batasuna, ya que en diversas ocasiones la Policía vigiló reuniones de miembros de Batasuna en la sede del PCTV.

Es significativo para la Fiscalía que cuando la Policía procedió al registro de la sede del PCTV en Usúrbil, las llaves del local se encontraban en poder de un miembro de la Mesa Nacional de Batasuna.

El Ministerio Público destaca que el PCTV colaboró en la estrategia contra el TAV en el País Vasco y que se han encontrado diversos vínculos económicos entre la ilegalizada Batasuna y el PCTV.

Además, considera probado que existe una vinculación laboral, puesto que los responsables del PCTV tenían como personal contratado a 49 personas, 16 de las cuales pertenecían a la Mesa Nacional de la ilegalizada organización, y el resto estaban "vinculadas en mayor o menor medida" a Batasuna.

En la contabilidad de PCTV figuran también diversas facturas de gastos realizados por miembros de Batasuna, así como el envío de dinero al extranjero mediante transferencias a personas del aparato internacional de esta formación.

SENTENCIA, EN SEPTIEMBRE

El pasado 18 de julio, el Tribunal Supremo acordó habilitar todos los sábados, domingos y festivos del mes de julio y todos los días del mes de agosto con el fin de resolver "cuanto antes" las demandas de ilegalización de ANV y PCTV.

La llamada Sala del 61, encargada de resolver las demandas, dio entonces un plazo de 20 días al Ministerio Fiscal y a la Abogacía General del Estado para que presenten sus alegaciones finales.

Transcurrido este plazo, los partidos demandados tienen otros 20 días para formular alegaciones y el tribunal podrá decidir en los 20 días siguientes, lo que supone que a mediados de septiembre la Sala del 61 podría dictar sentencia sobre la ilegalización de ANV y de EHAK-PCTV.

La Sala del 61 está presidida por Francisco José Hernando, quien ostenta también la Presidencia del TS y del CGPJ, órgano que está en funciones desde hace más de un año y medio.

Si la renovación del CGPJ se produce antes de que se resuelvan las demandas de ilegalización, cambiaría la presidencia del Tribunal Supremo y, por tanto, la composición de la Sala del 61, que debe pronunciarse sobre la demanda de ilegalización presentada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.