Además, la representante del Ministerio Público solicitó que se imponga a Bereziartua la obligación de comparecer semanalmente ante los juzgados más próximos a su domicilio, así como la prohibición de abandonar el territorio nacional, según señalaron fuentes jurídicas.

Delgado hizo esta petición durante la declaración que Bereziartua realizó esta mañana ante el juez Garzón, solicitud a la que se adhirió la acusación ejercida por la asociación Dignidad y Justicia.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también solicitó fianza, pero elevó la cuantía de la misma a 150.000 euros.

Durante su comparecencia, Bereziartua se negó a contestar a las preguntas formuladas por la Fiscalía y por las acusaciones populares, aunque sí respondió a las planteadas por su abogado, Iñigo Iruin.

El pasado martes, Garzón imputó al presidente de ANV, así como a la apoderada de las cuentas de la formación, Alazne Arocena Oruezabal, y al ex secretario general Antxon Gómez Lorente, un delito de colaboración con organización terrorista y otro de asociación ilícita por "participar en la financiación de actividades terroristas por parte de ETA-Batasuna".

Por otro lado, Iruin señaló que hoy mismo presentará un recurso de reforma ante Garzón relativo a su decisión de suspender las actividades de ANV.

Tras Bereziartua, hoy comparecerán ante Garzón los 14 dirigentes de la izquierda abertzale detenidos en la madrugada del lunes, entre los que hay cinco miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, cuatro dirigentes del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), dos responsables de Ekin y tres ex concejales de Euskal Herritarrok en San Sebastián.

Se espera que los primeros en comparecer ante el juez sean los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna Karmelo Landa y José María Jurado.