En el escrito de acusación, remitido hoy al juez de la Audiencia Nacional encargado del caso, Pedro Andreu, la Fiscalía acusa a los presuntos mafiosos de los delitos de asociación ilícita, blanqueo de dinero y falsedad de documento mercantil.

Según sostiene el Ministerio Público, la organización liderada por Kalashov obtenía "importantes cantidades de dinero" a través de diversas actvidades delictivas, como el tráfico de drogas y armas, los asesinatos por encargo o la extorsión, dinero que posteriormente blanqueaba en España mediante de la compra, por parte de un entramado de sociedades, de inmuebles en las provincias de Alicante y Málaga.

En concreto, la Fiscalía solicita para Kalashov un total de 12 años y 2 meses de cárcel, y una multa de más de 32 millones de euros, por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de dinero.

En cuanto a sus subordinados, la Fiscalía pide 9 años y 3 meses de cárcel para Konstantin Asatiani y Oleg Vorontsov; 7 años y 9 meses para Mikhail Mdinarazde; 7 años y 4 meses para Carlos Antonio Fernández Asensio; 7 años y 3 meses para Alexander Gofshtein; 6 años para Ángel Blanco Yáñez y María Flor Casado; 5 años y 1 mes para Juan Manuel Cantarero; 4 años y 10 meses para Alexander Minin y Natalia Serova; y 3 años y 10 meses para Olena Gotsulenko.

Además, solicita la disolución de las sociedades que la organización controlaba en España para blanquear el dinero (Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Mijas Invest Development, Investa Development, Megabetta V&N, Mijas Paradise Business Development y SDI Desarrollos Inmboliarios Estepona).

"LADRONES EN LEY"

Según el relato de la Fiscalía, Kalashov era, desde el año 2002, el líder de la organización mafiosa "Solntsevskaya", afincada en un primer momento en Georgia, pero que más tarde se trasladó también a Rusia, en concreto a Moscú.

Para el Ministerio Público, Kalashov era un "ladrón en la ley", término utilizado dentro de las mafias rusas para designar a la persona designadas como líderes "en un consejo de jerarcas supremos del crimen organizado ruso a escala nacional".

El código de honor de los "ladrones en la ley" les obligaba a dedicar toda su vida a una actividad profesional criminal y les confería la facultad de ejercer como líderes y jueces de la organización, de regular la entrada de ingresos criminales, de comprar a los funcionarios de las fuerzas de orden público y de aquirir armas y explosivos.

Kalashov, considerado líder de la comunidad étnica georgiana en Moscú, fue "coronado", según la jerga de la mafia rusa, "ladron en la ley" en el año 1980.

Además, la Fiscalía sostiene que fue el promotror de una reunión de estos "ladrones en la ley" que se celebró en la ciudad rusa de Shakthti en enero de 1998 y que sirvió para que los diferentes jefes de la organización mafiosa se repartieran las distintas zonas de influencia.

Tras este encuentro, la zona de influencia de Kalashov se extendió por toda Rusia, así como en los países Bálticos y de la antigua Unión Soviética.

ASESINATOS POR ENCARGO

En concreto, ejercía el control en el ámbito económico, principalmente del juego de los casinos rusos, así como en el plano criminal, en actividades como el tráfico de armas, los asesinatos por encargo y el contrabando.

En otra reunión, celebrada en Ginebra (Suiza) en octubre de 2002, Kalashov adquirió un "mayor protagonismo" dentro de esta organización de "ladrones en la ley".

Según los informes realizados por diferentes países, Kalashov poseía un patrimonio económico "desproporcionado con relación a la ausencia de trabajo o medios de subsistencia conocidos", llegando incluso a poseer una tarjeta de crédito de titanio sin límite que le obligaba a gastar más de 200.000 euros al año.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el origen de la totalidad del dinero de Kalashov proviene de la actividad delictiva, en concreto el tráfico de drogas y de armas, la extorsión organizada y la protección criminal a bancos, restuarante y refinerias de petróleo.

Además de controlar los casinos rusos, su organización llevaba a cabo asesinatos de empresarios y de miembros de otras mafias, "eliminando así a la competencia", señala el escrito de acusación.

A partir de la años 90, Kalashov participa activamente en la denominada "optimización de condenas", que consistía en contactar con representantes de las fuerzas de orden público y de órganos judiciales para, a través de favores, reducir las condenas a las que eran sentenciados sus ayudantes.

EDIFICIOS EN ALICANTE Y MÁLAGA

En el año 2003, Kalashov ordenó a varios de sus subordinados instalarse en España para proceder en nuestro país al blanqueo del dinero que generaban sus actividades delictivas a través de operaciones inmobiliarias.

A tal efecto, el acusado creó varias organizaciones en España y les facilitó los cauces empresariales y societarios necesarios para encubrir sus actividades económicas, así como mecanismos para la protección integral de sus miembros.

En concreto, los acusados Mdinaradze, Minin, Lann, Manukyan, Serova, Gotsulenko y Asatiani crearon en España una organización de blanqueo de dinero que contó con la colaboración del también acusado Cantarero Martínez.

La estructura canalizaba el dinero que, procedente del extranjero, entraba en España, y, a través de una sucesión de sociedades y "operaciones financieras opacas", se invertía en inmuebles, principalmente en las provincias de Málaga y Alicante.

La operación policial contra esta organización se inició en marzo de 2003, cuando el ministerio de Interior de Rusia informó a las autoridades españolas de la celebración de una reunión de las organizacione mafiosas que tuvo lugar los días 20 y 21 de ese mes en un hotel de Villajoyosa (Alicante) con motivo del cumpleaños de Kalashov, quien asumió la totalidad del gasto del encuentro.

Kalashov fue detenido en mayo de 2006 en Dubai, lugar al que se había desplazado para celebrar, junto con otros importantes "ladrones en la ley", una reunión en honor del capo de la mafia rusa Viachelav Ivankov.

Poco después fue extraditado a España, donde el juez de la Audiencia Nacional Pedro Andreu ordenó su ingreso en prisión provisional, situación en la que permanece en la actualidad.