En el escrito, firmado por el fiscal Manuel Martín-Granizo, se indica que “no resultaría procedente” enviar cuestiones prejudiciales al tribunal sobre la aplicación de una serie de artículos de la Ley de amnistía y aboga por aplicar la norma ya.

Según la Fiscalía no resulta procedente plantear esa cuestión prejudicial, dado que no concurren los presupuestos exigidos por la normativa aplicable y las recomendaciones del propio TJUE.

La consejera encargada de este procedimiento solicitó a las partes que se pronunciaran sobre la procedencia de consultar al TJUE sobre una serie de artículos que “podrían oponerse a la interpretación” del tribunal europeo sobre el derecho comunitario.

En este procedimiento están investigados más de 30 ex altos cargos del Gobierno de la Generalitat de Cataluña por presunta responsabilidad contable en el desvío de fondos públicos para sufragar el ‘procés’. Entre ellos se encuentran los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas.